Enrique Hernández, antiguo propietario de Construcciones Hernández Langa que ayer declaró ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza --José Ignacio Martínez-- como imputado en la pieza principal del caso Plaza, aseguró que pagó al empresario Miguel Cantero Molés, también encartado en la causa, comisiones del 66% de obras ajenas a la plataforma logística --la reforma del chalet de Salou del exgerente Ricardo García Becerril-- e incluso inexistentes que su sociedad facturaba a la UTE liderada por Acciona y a otras firmas. Sin embargo, su exsocia y administrativa en Construcciones Hernández Langa, Carmen Moreno --también encausada-- contradijo esa versión.

Hernández, que ratificó una por una las facturas presuntamente mendaces que obran en la causa, ya fuera por referirse a otros trabajos o por ser estos ficticios, explicó que entregaba "el 66% del neto a Cantero", del que dijo que actuaba como intermediario entre su empresa y el exgerente de Plaza. Se habían conocido al efectuar Construcciones Hernández Langa algunos de los trabajos iniciales de la plataforma logística.

PAGOS

Cantero, según dijo, le indicaba contra que empresas y por qué cuantías y conceptos debía elaborar las facturas. Así, la UTE Plaza, Micar --propiedad de Cantero-- y Balbino Vico --del Grupo Codesport-- habrían pagado 110.000 euros por las obras en viviendas de la familia del exgerente y 301.523 por trabajos ficticios.

"Él traía un talón que ingresábamos nosotros y yo le entregaba el 66% del dinero en negro", aseguró. El 66% de las cifras facturadas, una vez restado el 16% del IVA de la época --2003 a 2006--, supera los 230.000 euros.

Construcciones Hernández Langa, según señaló Hernández, utilizaba en esta operativa el dinero B --más de 400.000 euros-- que supuestamente les iba entregando un hostelero zaragozano para el que construyeron un pabellón de dos comedores. Las facturas falsas permitían blanquearlo, explicó. "Yo soy albañil, yo no pregunto nada", dijo, antes de apuntar que "nosotros somos la punta del iceberg" y calificar como "habitual" el uso de facturas falsas en las obras de Plaza.

En su declaración, Hernández admitió que tiene animadversión hacia Cantero. De hecho, el empresario está condenado por haber conspirado para secuestrar tanto al propietario de Micar como al hostelero al que atribuye los pagos en dinero negro.

Castillo, sin embargo, contradijo esa versión. La administrativa, que asegura que pagó 3.000 euros por entrar a trabajar en Construcciones Hernández Langa aseguró desconocer la existencia de las facturas falsas presuntamente emitidas por la empresa y señaló que los trabajos efectuados para el hostelero fueron facturados y cobrados mediante talones, lo que cuestiona la existencia de la bolsa de dinero negro a la que había aludido su exjefe, al que señaló como la persona que le indicaba a ella qué contenido debían tener los efectos de cobro.

CONTRADICCIÓN

El testimonio de Castillo se contradice con el que ella mismo prestó ante la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía), en la que señaló como falsas veinte facturas emitidas por construcciones Hernández Langa que suman un valor total de 339.957 euros.

Fuentes jurídicas llamaron la atención sobre lo extraña que resulta una operativa consistente en descontar un 66% de facturas que deben tributar un 35% en el Impuesto de Sociedades.