Tanto Carlos Escó como Santiago Coello se acogieron a su derecho a no declarar cuando llegó el turno de interrogatorio de la abogada del partido Unión, Progreso y Democracia (UPD), Irene Romea, que ejerce la acción popular en la causa. La letrada, que hizo constar las preguntas en las diligencias, calificó el gesto como "una falta de respeto a los aragoneses" que votan a esa formación. La Fiscalía no estuvo presente en las comparecencias, a las que sí acudió un letrado de la DGA.
