El 6 de septiembre del 2017 pasará a la historia del parlamentarismo catalán por ser el día en el que una mayoría independentista aprobó una ley del referéndum y porque inmediatamente después el Govern en pleno, en el mismo Parlament, firmó el decreto de convocatoria de dicha consulta. Es decir, porque se cruzó la línea roja. El Paralelo 38 de la Constitución española. La que abre la caja de los truenos. Pero también pasará a la historia porque el parto de la aprobación de la ley vino precedido por la mayor bronca parlamentaria nunca vista desde la restauración de la democracia. Una batalla jurídico-política sin tregua y sin término medio entre independentistas y no independentistas mientras el Gobierno del Estado y la fiscalía activaban actuaciones para cortocircuitar el referéndum.
El pasillo del hemiciclo, que sirve a los diputados de los escaños más altos para acceder a sus sitios, se convirtió en una honda zanja que separó en dos partes el Parlament. La discusión y el debate (entiéndase no como una reiteración del mismo concepto) de la ley de referéndum convirtió la Cámara catalana en un auténtico circo, donde cada una de las dos partes en litigio mostró un discurso propio sin fisuras basado en los agravios causados por el contrario y que ha conducido inexorablemente al choque. El primer choque, porque el grande, el de trenes, llegará a lo largo de la jornada de hoy.
DOS BANDOS / Por un lado, estaban los independentistas, obligados, dicen, por el Gobierno y los partidos nacionales, a forzar el reglamento del Parlament (hasta doblegarlo, de hecho, a su antojo) para poder abordar tema tan candente en estancia parlamentaria. Por el otro, los no independentistas, confiados en que hasta ahora el viento de la legalidad les soplaba de popa, y que ayer sufrieron en sus carnes el rodillo de la mayoría adversaria. Los primeros actuaron como corsarios con el reglamento. Los segundos, como filibusteros con el tiempo.
La torsión a la que Junts pel Sí y la CUP sometieron al reglamento se demuestra, por ejemplo, por el plante de los letrados del Parlament a publicar en el boletín oficial el texto de la ley admitida a trámite. O en la exención de poder pedir un dictamen al Consejo de Garantías, potestad que es un derecho de los diputados. No fue algo improvisado, por cuanto los secesionistas entienden que cuando uno aborda un proceso de este tipo queda sobrentendido que la legalidad española debe desobedecerse: «Se perderán hablando de funcionarios, letrados, del consell de garantíes… pero lo que importa son los ciudadanos. Y ellos piden respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, que incluyen el derecho a la autodeterminación», apuntó el propio Puigdemont.
Principio de reacción / En tanto, en Madrid, el Gobierno empezó a poner los cimientos de la reacción, que se prevé contundente. Reacción furibunda de Soraya Sáenz de Santamaría abundando en los abusos sobre el reglamento del Parlament, que calificó de «patada a la democracia». Y, sobre todo, anuncio de querella de la Fiscalía contra los miembros de la Mesa que a primera hora adminitieron a trámite la ley del 1-O. Es decir, los cuatro de Junts pel Sí y Joan Josep Nuet, de CSQP.
¿Y el Tribunal Constitucional? Se espera que actúe hoy. Para empezar, deberá abordar el incidente de recusación que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, presentó ayer, a modo de treta para retrasar las decisiones del alto tribunal.
Porque fue una jornada de tretas, de presentación de peticiones de todo tipo, por parte de Ciudadanos, PSC y PP, que propiciaron casi una decena de reuniones de la Mesa del Parlament y de la junta de portavoces. De manos alzadas, de gritos e improperios, en el hemiciclo por parte de los diputados de estos partidos para responder y denunciar el traje a medida que los independentistas se estaban haciendo con el reglamento y también para contrariar a Forcadell.
A efectos prácticos, lo que hizo el Parlament es votar tres veces. Dos para adelantar trámites, donde se impuso la mayoría soberanista, y la tercera, con la ausencia de Ciudadanos, el PSC y el Partido Popular, tras el propio debate de la ley. Estos últimos partidos abandonaron la Cámara catalana antes de la votación final dela ley del referéndum. La fotografía de los independentistas aplaudiendo y cantando Els Segadors con la mitad del hemiciclo vacía daba una idea clara de la fractura que hay ahora mismo en la política y los representantes públicos catalanes.
moción de censura / Entre medias, el debate parlamentario, también el de la sesión de control donde Puigdemont respondió a las quejas de los no independentistas, en concreto a la líder de la oposición, Inés Arrimadas, a quien respondió: «Este Govern no practica la amenaza sino la democracia; contra la amenazocracia de su régimen, nosotros, democracia».
Arrimadas no debió de quedar muy convencida, pues anunció después que promoverá una moción de censura a Puigdemont con el objetivo, único, de convocar elecciones.
