La aplicación a partir de hoy de la nueva jornada laboral y los nuevos horarios de apertura y programación de los centros sanitarios han provocado la indignación tanto de los propios trabajadores como de los usuarios, a los que el adelanto en la instauración de la orden --estaba previsto que se llevase a cabo a partir de enero-- ha cuasado una "enorme" sorpresa.
Así, los centros de salud zaragozanos cerrarán a partir de hoy, a las 15.00 horas los sábados y los pacientes que necesiten ser atendidos a partir de entonces deberán dirigirse a uno de los cinco Puntos de Atención Continuada (PAC) habilitados en distintos sectores de la ciudad, o, si se requiere atención domiciliaria, llamar al 061. "Desde luego, lo peor es la premura con la que se ha tomado la medida porque no se ha dado la información necesaria para el paciente, que también es víctima de una decisión inesperada", subrayó el coordinador de un centro de salud urbano que, asimismo, lamentó la "reducción de la oferta asistencial, lo que supone menor accesibilidad y servicios".
Desde otro centro se coincidía en el rechazo a la implantación de la medida antes de lo previsto. "Lo peor es la forma porque la gente está de vacaciones y no hay sustitutos para cubrirlos. Es una barbaridad, un desastre", criticó un médico de familia.
Incluso, el sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet) estudia la posibilidad de impugnar la orden y solicitar su paralización cautelar. "Es un menosprecio a trabajadores y usuarios y, además, va en contra del propio decreto del Gobierno, que expuso que no se podía hacer atención continuada simultaneamente con jornada ordinaria", apuntó el secretario general, Leandro Catalán.
CCOO, por su parte, mostró su "sorpresa" al comprobar que la nueva jornada "que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2013, lo hará al día siguiente al de su publicación en el BOA, es decir el sábado 29 de diciembre". El sindicato lamentó el "grave perjuicio a los ciudadanos" y la posible "masificación de los puntos de urgencia de otros dispositivos".
CONSUMIDORES Para el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), José Ángel Oliván, la medida supone "un recorte más en la política sistemática de empeorar la sanidad pública por parte de este Gobierno" y rechazó cualquier asociación con el ahorro o la optimización de recursos "y demás pamplinas que nos quieren vender". Oliván la relacionó con "su objetivo de que la sanidad deje de ser un derecho para los ciudadanbos y pase a ser un negocio para las compañías sanitarias".
En este sentido, Oliván censuró la "festividad y alevosía" en el adelanto de la aplicación de la orden porque "ahora la capacidad de respuesta de la gente es menor".
