Una cadena humana unió ayer el kilómetro que separa las consejerías de Desarrollo Rural y Hacienda del Gobierno de Aragón, en Zaragoza, para protestar en contra el pago del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). Como ya viene siendo habitual en los actos organizados por la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) la lluvia estuvo muy presente, circunstancia con la que muchos de los indignados que participaron en la misma ironizaron al afirmar que «es una demostración más de que el agua es un bien público y gratuito».

Los presentes, entre los que destacaron miembros de Podemos, de Izquierda Unida o de Zaragoza en Común como Nacho Escartín, Álvaro Muñoz, Pedro Arrojo o Pedro Santisteve, entre otro; lamentaron que el Ejecutivo autonómico haga «oídos sordos» a la protesta expresada por unos 50.000 hogares a través de los recursos contra el recibo del ICA del 2016 y recordaron que todavía están esperando la solución prometida por el presidente aragonés, Javier Lambán, el pasado mes de marzo. Para Enrique Gracia, portavoz de RAPA, el impuesto «no es consecuencia de la distribución de la población en Aragón, sino de una mala administración». «Hay que cambiar el modelo y su forma de financiación», apostilló.

Otro de los portavoces del colectivo, José Ángel Oliván, destacó que la solución debe llegar mediante un consenso entre todos los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Aragón y los movimientos sociales. Sin embargo, Oliván lamentó que ahora mismo la realidad está alejada de ese escenario, porque, según puntualizó, el Gobierno de Aragón está «empeñado» en considerarlo un problema entre Aragón y los zaragozanos, entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza. «Y no es así, es un problema de todos los aragoneses. De hecho, los más perjudicados por el ICA no somos los zaragozanos sino muchos aragoneses de poblaciones medianas que están pagando cantidades muy superiores a la que deberían», manifestó. De hecho, el propio alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, calificó de «tomadura de pelo» el hecho de que Lambán vaya a pactar una reforma de Sucesiones que supondrá una merma de 40 millones de euros para las arcas autonómicas «cuando está gravando a todas las clases zaragozanas con el ICA». «Se puede hablar y negociar, pero hay que hacerlo con lealtad hacia los ciudadanos que han pagado su depuración de aguas», incidió.

SOLIDARIDAD / El primer edil también quiso aclarar que la ciudad quiere ser solidaria y que no se niega al pago de impuestos medioambientales, pero exigió «voluntad de acuerdo para hablar en profundidad un asunto que se puede superar».

Santisteve advirtió que el ayuntamiento no hablará del ICA en la reunión bilateral con el Gobierno autonómico hasta que se cierren temas como el tranvía, el sellado del vertedero o los usos de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. «Todos estos puntos son previos a la ley de capitalidad. Lo que no se puede hacer es estar permanentemente en el punto de salida. Si hemos hablado ya de estos temas y hay compromiso de realizarlos, cuando se hayan realizado avanzaremos en los demás. Mientras tanto, es como un brindis al sol», aseveró.

Con pancartas en las que se pudo leer lemas como: «El ICA no, por una gestión pública y eficiente del agua o Es un secuestro pagar este impuesto, los manifestantes criticaron también el plan aragonés de saneamiento y depuración y exigieron un cambio de modelo para el sostenimiento de la depuración de una manera justa. «Tenemos el canon de saneamiento más caro, disfrazado de impuesto ambiental, de todas las Comunidades Autónomas, y eso no es consecuencia de la distribución que tiene la población aragonesa, sino de una mala administración», afirmó Enrique Gracia, otro de los representantes de la plataforma.

Si todo continúa igual, la Red de Agua Pública de Aragón anunció que después del verano «volverán a la carga» con más iniciativas de protesta.