Las instituciones aragonesas no escaparon ayer de la crisis política que se vive ante el desafío independentista de Cataluña. En los debates plenarios de las Cortes, y especialmente en el del Ayuntamiento de Zaragoza, así como en la apertura del curso judicial y del universitario, en todos ellos hubo menciones al referéndum ilegal que se pretende celebrar mañana en la comunidad vecina. Y se evidenció que si bien una mayoría rechaza una consulta como la de mañana, unilateral y al margen del marco jurídico español, también se demostró que existen posturas que reclaman al Estado español más diálogo. Otras, prácticamente la mayoría, manifestaron abiertamente su preocupación por la incertidumbre que se vivirá más allá del 1-0.
El pleno de las Cortes transcurrió con su desarrollo normal, sin que Cataluña fuera objeto de arma arrojadiza. Aún así, todos los portavoces manifestaron su opinión fuera del hemiciclo. Todos apostando por la legalidad, pero IU y Podemos mostrándose partidarios de buscar un referéndum pactado ante la realidad independentista que se vive en Cataluña. El resto se aferró más a la ley vigente y la imposibilidad de celebrar una consulta de este tipo. Si bien estaba previsto que Ciudadanos pudiera llevar a Aragón un debate en defensa de la unidad de España similar al que ha llevado a otros parlamentos autonómicos, finalmente no fue así, lo que sin duda influyó para evitar que se caldeara más el ambiente que, por otra parte, no fue excesivamente más allá.
El rector de la Universidad, José Antonio Mayoral, también tuvo unas palabras en la apertura del curso universitario del Campus Iberus, que reúne a las universidades de Zaragoza, La Rioja, Navarra y Lérida: «Ni me planteo lo que podría pasar con la Universidad de Lleida en el campus Íberus con el proceso soberanista porque el rector de esa universidad es un convencido de esta agrupación estratégica. No tengo ninguna duda y no hay palabras para expresar lo que perdería el campus Íberus y la Universidad de Lleida si esto ocurriera, así como lo que perderían España y Cataluña si ocurriera algo que nadie desea».
Donde la tensión se desató más fue, como suele ocurrir habitualmente, en el consistorio zaragozano. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, hizo un llamamiento durante el pleno al pueblo catalán para que «utilice la jornada del 1-O como una gran movilización en la que la ciudadanía pueda expresar y reivindicar el derecho a ser escuchados y atendidos en un nuevo marco constitucional». Así de claro fue el primer edil tras un tenso debate que se convirtió en un tira y afloja entre el PP y Zaragoza en Común (ZeC).
No fue la única ocasión. «Yo no soy nacionalista, soy constitucionalista», declaró, algo que no impide estar a favor del pluralismo y la libertad de opinión, apuntó.
Las diversas polémicas que han surgido en torno al referéndum se debatieron durante tres horas en el pleno, en diferentes mociones. Una polémica que ha tenido sus ecos en Zaragoza al ser la ciudad que albergó la asamblea de Unidos Podemos, en la que se agredió a la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, en la que celebró un acto a las puertas del centro cívico de Delicias suspendido por la Justicia y un referéndum simbólico en la sede de Puyalón (formación que forma parte de ZeC). Todos apoyados y facilitados por ZeC.
Cada formación dejó bien clara su posición sobre la consulta. Solo ZeC la apoyó, el resto se posicionó en contra por un matiz: es ilegal. Un matiz que para el regidor, antiguo jurista, no es suficiente y por ello animó a a votar.
INCAPACES DE ACORDAR
Los 31 concejales del consistorio zaragozano fueron incapaces de alcanzar un acuerdo de mínimos para aprobar una declaración institucional, la misma que la de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Y no lo hicieron porque ZeC y CHA se negaron. Argumentaron que el resto de formaciones rechazó incluir en el texto su repulsa al enfrentamiento del pasado sábado a las puertas del Siglo XXI, condenado por todos. Para el concejal de ZeC, Pablo Muñoz, el PP propuso esta declaración para «lavarse la cara» tras el papel jugado por el Estado. Una actuación denunciada por ZeC y CHA, que fueron de la mano en el debate. Les diferenciaba que Chunta solo apoyará un referéndum si es pactado.
El alcalde acusó a los populares, como también hizo CHA, de ser los responsables de la deriva actual que se vive. «Ustedes hicieron saltar Cataluña en el 2010 al no respetar el Estatut. Fue entonces cuando se rompió el pacto constitucional», señaló. Santisteve también se atrevió a cuestionar el papel de la Justicia en la decisión de suspender el acto del centro cívico Delicias. «No persigue la libertad de pensamiento, sino actos delictivos porque ahí se iba a hacer apología en favor del 1-O», le respondió el portavoz del PP, Jorge Azcón.
El del PSOE, Carlos Pérez Anadón, hizo un llamamiento al respeto de la ley y advirtió de que el día 2-O será tan importante como mañana, ya que será cuando comience el diálogo. Para Sara Fernández, de C’s, hablar con «partidos que están fuera de la ley» no es posible, después de que lo impidieran en el Parlament. Por su parte, Carmelo Asensio, de CHA, muy crítico con el desarrollo de esa sesión parlamentaria, abogó por la libertad de reunión y expresión, siempre que sea una consulta pactada.
