El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, ha ordenado el embargo de otras siete propiedades inmobiliarias del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y de su esposa, Elena Planté, en el caso saqueo.
La medida, incluida en el auto por el que el juez ordenó el viernes el ingreso en prisión del exgerente --eludible con una fianza de 300.000 euros-- afecta a un trastero en Salou, a dos campos de San Mateo, a una vivienda con bodega en El Picarral y a un piso de 67 metros cuadrados con trastero y garaje en la avenida César Augusto. Hace unas semanas, el juez trabó un piso y un garaje del matrimonio García-Planté en Puerta Cinegia.
García Becerril fue asignado ayer al módulo 2 de la cárcel de Zuera, un MER (Módulo de Educación y Respeto) ocupado por presos poco conflictivos.
RIESGO DE FUGA El auto, que relata la existencia de indicios para imputar a García Becerril la comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación, exacciones ilegales, falsedad y blanqueo, alude al "claro riesgo de fuga" del exgerente de Plaza, algo que "se incrementa por la capacidad económica" que tiene y por sus "conexiones con otros países derivadas de sus numerosos viajes".
La resolución también indica que, en los seis meses que ha estado en libertad provisional tras su detención el 14 de agosto, el exgerente de Plaza "ha realizado actuaciones tendentes a ocultar o dificultar la intervención de su patrimonio o del entorno familiar o societario", como la venta del velero Governador "con inusitada rapidez" y "por un precio inferior al valor de mercado".
El magistrado ordenó los embargos como "medidas cautelares para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias" que puedan derivarse de una eventual sentencia condenatoria. Ese concepto incluye, añade, "el decomiso de los efectos del delito, entendiendo por tal concepto los bienes, medios o instrumentos, así como las ganancias provenientes del delito".
El juez del caso pagarés impuso el miércoles a García Becerril y al resto de imputados una fianza civil de 18,85 millones.
