La última --hasta ahora y a la espera de nuevas comparecencias como la de Francho Chabier Mayayo-- sesión de la comisión de investigación de Plaza evidenció que la Intervención general del Gobierno de Aragón no tiene recursos ni medios suficientes para fiscalizar y controlar el entramado de empresas públicas y sociedades de la Administración autonómica. Al menos así lo indicaron ayer los sucesivos interventores del Gobierno que respondieron a la pregunta de los diputados asistentes. De hecho, Plaza solo se ha fiscalizado en cuatro ocasiones durante once años, al no haber tiempo material para controlar

Fue una larga sesión no exenta de momentos tensos en algunas ocasiones, como los mantenidos por el portavoz del PSOE, Javier Sada, con la interventora actual del Ejecutivo, Cristina Quirós y Castro, y con el director general de Servicios Jurídicos, Jesús Lacruz, quien también en sus respuestas fue incisivo contra Sada. Ambos se enzarzaron cuando Sada le preguntó los motivos por los que la denuncia del caso se había hecho en Anticorrupción en lugar de otros órganos judiciales y cuántas veces y por qué había viajado a Madrid con el gerente Jesús Andreu.

INTERVENTOR CESADO Fue uno de los momentos tensos junto a la intervención de Mariano Muñoz, jefe de servicio del control interno de intervención y que fue cesado este verano tras trascender en la prensa que no remitió al Tribunal de Cuentas las alegaciones de Plaza que habían sido requeridas y cuya omisión propició que se imputara provisionalmente a varias personas hasta que luego se supo que esas alegaciones existían y se archivaran dos causas.

Muñoz ejercía en ese momento el papel de interventor delegado al estar su superior, Quirós y Castro, de vacaciones. Aseguró que no las remitió al haberlas recibido por correo electrónico en un servidor general en lugar de por el procedimiento formal y por escrito, como requiere el Tribunal de Cuentas, y que por vía telemática jamás se habían recibido alegaciones. Muñoz se consideró "un cabeza de turco" e indicó que nadie le había pedido explicaciones por ese hecho ni nadie le había dicho los motivos de su cese. Antes había comparecido la actual interventora, quien indicó que los recursos siguen siendo "insuficientes" para fiscalizar la administración y sus empresas. Sobre el hecho de estas alegaciones, no supo explicar los motivos de ese error, que Sada le indicó que era "muy grave" y había tenido "consecuencias".

Quirós y Castro coincidió con los interventores que la antecedieron, como Ana Victoria Gómez y Alfonso Peña. Ambos indicaron que no hay medios "ni suficientes, ni humanos ni externos para la fiscalización", y aunque se intenta llegar "a todas las empresas", esto es imposible, ya que en pocos años se crearon hasta más de 50. Propusieron crear mecanismos de control permanentes, en lugar de auditorías a posteriori. También indicaron que los criterios para auditar una u otra empresa en un año no eran, "ni de oportunidad ni subjetivos", según dijo Quirós y Castro, sino según el "riesgo" de cada una de ellas. Peña planteó que se diera toda la información a todos los miembros del consejo de administración.

También compareció el arquitecto que hizo diversos informes para la DGA evaluando el trabajo de la ingeniería Intecsa-Inersa, que llevaba la dirección de obra, Guillermo Montaner, quien advirtió de que halló "irregularidades" técnicas. Lacruz, director general de los servicios jurídicos, indicó que no se comunicó al consejo que se iba a denunciar, para evitar "destrucción de pruebas", aunque luego matizó que era para evitar filtraciones. También propuso tener "mejores criterios en la selección del personal" que tiene que controlar.