El grupo parlamentario de IU reclamará a las Cortes de Aragón que se sumen a las declaraciones contrarias al anteproyecto de ley de Servicios Profesionales, al menos en lo tocante a la eliminación de la incompatibilidad entre la profesión de abogado y procurador. La portavoz de la formación, Patricia Luquin, mantuvo la semana pasada una reunión con los rectores de los colegios zaragozanos de ambas profesiones, en la que le trasladaron su preocupación por las medidas que "alejan" al ciudadano de la Justicia. En este caso, temen que la reforma propicie una justicia de dos velocidades al permitir a quienes puedan pagarlo que los procuradores aceleren los procedimientos. Para Luquin, se trata de otra muestra del uso de "criterios económicos" en las legislaciones del PP, y un cambio que además costará unos 200 millones de euros.