El candidato de IU a la Presidencia de Aragón, Álvaro Sanz, presentó ayer desde la sede del Banco Santander en el Coso zaragozano, sus propuestas en materia de impuestos. Planteó medidas que apliquen «justicia fiscal» y sirvan para que sean las grandes empresas y fortunas las que contribuyan más al sostén de los servicios públicos. Una «fiscalidad más justa» en la que pague más quien más tiene, «como dice la Constitución», y empezar con la recuperación del impuesto de Sucesiones que reformó el PSOE apoyado en los partidos de derechas.

Su número dos por Zaragoza, Marga Deya, denunció que eso supuso «una pérdida de 45 millones en ingresos». «Es mentira que se pueda hacer más con menos. Hace falta para contratar profesorado o para otras necesidades», dijo. Además, pidieron combatir la evasión fiscal y la economía sumergida con el refuerzo de la inspección para «los peces gordos, que son los que realmente evaden».

Sanz señaló a una entidad bancaria porque «desde el inicio de la crisis, el sostén de lo público ha corrido a cargo, fundamentalmente, de las familias trabajadoras a través del impuesto de la renta y del IVA». «Mientras se incrementaba ese peso en diez puntos, el de sociedades se ha rebajado a la mitad», recordó. Es, dijo, la «propuesta de salida de la crisis que plantea la derecha y también el PSOE que se ha conformado con gestionar este estado de las cosas». «Lo que pretendemos es invertir esta lógica», aseveró, y «hacer responsables a los que han generado la crisis de recuperar el dinero necesario para poder salir de la que están muchas familias y que hace que Aragón sea la cuarta comunidad más desigual».

«No podemos tener unos servicios públicos a la altura de los que tiene Suecia con la presión fiscal que tiene Bulgaria», apostilló Sanz, quien recalcó que «aquellos que dicen que pueden mantener los servicios públicos bajando impuestos mienten o los quieren privatizar». Rechaza estos partidos «cautivos» de quienes «saben que aquí hay negocio» y que luego, como el Banco Santander, planteen un ERE que «eche a la calle a casi 4.000 familias» y «supone el cierre de más de mil oficinas que ayudan a vertebrar el medio rural».