El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Álvaro Sanz, explicó ayer las medidas de su formación para combatir la corrupción, que pasan por una ley integral, la incorporación del delito de enriquecimiento ilícito o medidas cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo.

Sanz, que participó en un acto electoral junto a Ganar La Muela, también propuso una ley expropiatoria de bienes y derechos adquiridos mediante la utilización de prácticas declaradas corruptas. De este modo, los condenados tendrán que asumir los costes «directos e indirectos» que reportan de sus acciones delictivas, señaló.

IU determina, en cuanto a los representantes electos, que sus salarios no pueden exceder al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor y considera que se deben eliminar los complementos por cargo donde todavía persistan, así como la eliminación de los planes de pensiones privados u otras prestaciones otorgadas.

Propone, además, que los alcaldes y concejales tengan la obligación de presentar su declaración de bienes en un registro público y que, a partir de un determinado importe, todos los contratos públicos pasen por el pleno.