El PP en el Ayuntamiento de Zaragoza quiso ayer anticipar el debate sobre las ordenanzas fiscales del año próximo y su intento de arremeter contra la fugaz negociación de la izquierda solo consiguió ponerle alfombra roja al acuerdo. Un pacto «en solo dos reuniones» que Zaragoza en Común (ZeC), PSOE y CHA consideran que «es muy bueno para la ciudad» porque «beneficia al 99,8% de los hogares». Se referían, principalmente, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tributo con el que van a conseguir recaudar, recalcaron, 164,98 millones de euros, 3,6 más que el año pasado, subiendo el recibo solo a 1.111 registros de los 505.775 que existen. Un pacto, como las tres formaciones subrayaron a su manera, «de izquierdas», por «justicia social» y que «no afecta al tejido productivo de la ciudad».
A partir de ahí, los partidos echaron mano del habitual juego de porcentajes que se suele utilizar en estos debates para decir que sube, baja o se congela el recibo. Y, como principal novedad, el tenso enfrentamiento entre el PSOE y un PP que parecía más molesto con los socialistas que con el propio Gobierno de ZeC. Según la edila conservadora María Navarro, esta inusitada celeridad es «por las primarias», que en un mes urge parecer más de izquierdas que nunca.
PASO ATRÁS
Aunque haya que dar un paso atrás en el rechazo a la creación de una categoría como la de almacén, que el año que viene recaudará 4,52 millones de euros (un promedio en el recibo de 22.150,84 euros) de garajes, y a la que llevaba dos años oponiéndose. Lo que no dijo es, como le recordó Javier Trívez, que serán solo 191 de los 139.344 que existen en Zaragoza y que se gravará solo a aquellos que valgan un millón de euros o más (no 200.000 como ZeC intentó el año pasado y el anterior, y que ese valor no es cualquier cosa.
Navarro también le recriminó al PSOE que accediera por primera vez a subirle el recibo a la industria, motor de la economía y fuente de creación de empleo. Un 3,97% le subirá a aquellas cuyo valor del suelo sea también superior al millón de euros. En este caso, 345 de las más de 4.800 que existen, cuando a otras 4.488 se le bajará un 3,84%. Con eso se lograrán 400.000 euros más el año próximo.
El socialista Trívez sentenció que «es falso que se diga que le va a subir el IBI a las empresas», otro de los caballos de batalla de los conservadores. Entre otras cosas porque «a la gran mayoría se lo estamos bajando». Y se dedicó a desgranarle ejemplos, entre ellos el comercio. «De los 28.091 inmuebles que hay en Zaragoza, solo se le va a subir (un 7,29%) a 235 de ellos», expuso, todos con un valor catastral superior al millón de euros. Al resto, otros 27.856 negocios, fundamentalmente los regentados por pequeñas y medianas empresas, se les va a bajar un 1,45%. Así que achacó los ataques del PP a su papel «insignificante» este año, por no salir en la foto de los medios.
Pero Trívez esta vez no estaba solo para defenderse. ZeC y CHA remarcaban lo «orgullosos» que le deja el acuerdo. Sobre todo por lo que supone para los inmuebles residenciales, los hogares, a los que se les congela o se les baja a todos, conteniendo una nueva subida del 5% que, año a año hay que atajar bajando un tipo que se aproxima al mínimo legal.
«Estas ordenanzas fiscales han satisfecho completamente las aspiraciones del PSOE», recalcó el socialista, quien defendió que sigue siendo «fiel a no subir la presión fiscal».
El responsable de Economía, Fernando Rivarés, exultante, le recordó al PP que este pacto supone «renunciar a 3,5 millones de euros» que se habrían recaudado a costa de esos 99,8% de inmuebles ahora beneficiados, los que llegan por el catastrazo del 2013 en el recibo, gracias al Gobierno central del PP. Y se evita gracias a esos 1.111 inmuebles perjudicados, los de mayor valor en la ciudad. «Se llama reparto, justicia social, y en su caso (del PP), hipocresía», le replicó a María Navarro, a la que recriminó que además sea capaz de criticar un acuerdo tan ventajoso. «Con sus ideas no tendríamos dinero para hacer nada», le reprochó.
Junto a él, Carmelo Asensio, de CHA, destacó que «por primera vez la pequeña empresa va a pagar menos de IBI», el «95% de los comercios de la ciudad». «Es un buen acuerdo basado en la solidaridad y en los principios de la justicia fiscal», señaló, a la vez que contrarrestaba las críticas a la celeridad en la negociación de un plumazo: «Lo bueno, si breve, dos veces bueno».
Sara Fernández, de Ciudadanos (C’s) lamentó que no se haya abierto el debate al impuesto de circulación para primar al vehículo eléctrico o no se impulse una nueva revisión catastral para el 2018, que ya se puede hacer. ZeC le respondió que ya está solicitada al ministerio.
