En los pueblos todo se sabe. O no. Con esta reflexión se cierra el impactante vídeo que pretende concienciar sobre una realidad de difícil visión en sociedades rurales. La violencia de género no esquiva los pequeños pueblos, donde el miedo al qué dirán, al sentir privado de un problema de todos, amarra el miedo de las víctimas a denunciar y romper su silencio. Esta es una de las valoraciones del estudio publicado por Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) e impulsado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que refleja la realidad de un estigma que se agudiza por las carencias estructurales, el aislamiento físico y social y el peso de la tradición de la España Vaciada.

Aragón ha sido una de las siete comunidades marco de un informe que se ha elaborado tras completarse 167 encuestas a vecinas de municipios de menos de 20.000 habitantes, 15 de ellas en Aragón, a 333 profesionales de distintos recursos de asistencia, sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y judiciales, y charlas abiertas con 33 víctimas.

Las conclusiones apuntan, entre otras, a la falta de una conciencia social sobre el problema, la dispersión o desconocimiento de los recursos de atención y acogida, la ausencia de privacidad para denunciar, el enquiste de roles tradicionales y machistas o la dependencia económica con el maltratador como razones que intensifican esta lacra en sociedades reducidas. «Muchas mujeres se resisten a abandonar sus pueblos porque allí están sus raíces aunque eso implica también seguir con su maltratador. No es como una ciudad donde puedes coger la maleta y marcharte», manifiesta Carolina Llaquet, responsable del sondeo en Aragón.

Las mujeres rurales deben afrontar muros más elevados que en la ciudad para liberarse. El informe incide que el 61% conocen a víctimas de algún tipo de maltrato, pero sólo denuncia el 72’9% de las que viven en poblaciones de menos de 2.000 habitantes, mayoritarias en Aragón. El principal impedimento es la visión interior y la falta de una red de auxilio de cercanía, entre sus familiares, amigos o vecinas. El peso social del es lo que te ha tocado, aguanta es más asfixiante en comunidades donde existe la inquisición del todos se conocen. «El anonimato es más difícil de garantizar a la hora de denunciar. No es lo mismo que en un pueblo pequeño se entre en un cuartel de la Guardia Civil que en una ciudad se vaya a un juzgado donde nadie te puede conocer», incide la portavoz.

FALLO_ESTRUCTURAL

Las carencias estructurales del mundo rural como la falta de transporte, la dispersión de la población y la centralización de los servicios de atención en las cabeceras de comarcas o capitales provinciales, provoca un aislamiento que frena la emancipación de la mujer, apresada económicamente en el amparo de su agresor, al no encontrar salidas laborales. «En ocasiones el primer ingreso propio que recibe una mujer en su vida es la pensión de viudedad. Qué duda cabe que en el mundo rural ha tenido tradicionalmente un rol reproductivo más que productivo. Todo está relacionado con la pérdida de oportunidades laborales. Si conseguimos abrir esta barrera sociolaboral, se agrandará la independencia de las mujeres y su capacidad para decidir», insiste Carolina Llaquet.

Otro punto es el desconocimiento de sus derechos (54%). Saben que tendrán protección, pero no otras ventajas económicas, laborales y sociales como la gratuidad judicial, subsidios de inserción o los beneficios que tienen las empresas para contratarlas.

El informe cifra en veinte años la insoportable convivencia que aguantan las víctimas. Paradójicamente, según mencionan los profesionales, la recepción de casos se centra en mujeres entre 25 y 50 años, mientras que la asistencia se reduce entre las jóvenes de 15 (3%), que han normalizado ciertas conductas, y, sobre todo, en la población mas envejecida (4’7% entre mayores de 70 años), atenazada por una educación machista.

La búsqueda de soluciones es el punto final del informe. Se desenredan distintas estrategias, donde la inversión en medios es crucial. «Aunque cada comarca tiene sus servicios sociales o centros sanitarios donde pueden acudir, los juzgados de Violencia de Género se sitúan en Zaragoza, y quizá deberíamos preocuparnos, al menos, de acercarlos a las capitales de provincia», incide Carolina Llaquet.

Aproximar los recursos y potenciarlos, formar a los profesionales en igualdad, agilizar los trámites de divorcio o mejorar la coordinación entre los distintos agentes son algunos pasos a seguir. Sin embargo, se acentúa la necesidad de impulsar la sensibilización por medio de propuestas educativas, incidiendo en los más jóvenes, ellas y ellos, y dar visibilidad adaptando las campañas a los estándares del mundo rural, dado que el 80% de las encuestadas no se identifican en ellas.

Resquebrajar la imagen de los lugares pequeños como aquellos descritos por Lorca en Yerma o La Casa de Bernarda Alba y escribir unas nuevas paginas de igualdad como en Fuenteovejuna, donde las redes de protección y apoyo liberen de su silencio a las víctimas. De cárcel personal a sociedades de convivencia para una segunda oportunidad, donde todo el pueblo señale a los maltratadores y proteja a las víctimas.