La comarca de Andorra-Sierra de Arcos busca su encaje en el futuro. El jaque mate al carbón es ya una realidad para un territorio que tendrá que acelerar los planes alternativos a su modus vivendi tradicional, la minería. Desde el año 2009, los municipios de Andorra, Ariño, Estercuel y Alloza -reducto aragonés de la actividad minera-- han perdido unos 1.000 habitantes, es decir, casi el 10% de la población de una comarca que mira con un ojo a Endesa (propietaria de la térmica de Andorra y que ya anunció el fin de su actividad a partir del 2020) y con otro a Bruselas y al nuevo Gobierno del PSOE, que apuestan abiertamente por las energías renovables.

Ayer, la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, insistió en su intención de que España se aleje del carbón como fuente de energía, pero aseguró que el Ejecutivo buscará «soluciones justas» para la reconversión de la estructura productiva de Aragón, Asturias y Castilla y León.

«Confío en que podamos encontrar soluciones justas y que podamos reforzar el mensaje de que estamos con la gente, que no hay ningún tipo de conflicto, y que con esas regiones que hoy se sienten preocupadas, inquietas, tenemos que ponernos manos a la obra generando oportunidades para las personas», dijo la ministra antes de participar en su primer Consejo de Ministros de Energía de la UE, celebrado en Luxemburgo, donde recalcó que España cambia de rumbo en su política energética hacia una economía sin CO2. Para Ribera, España debería llevar una década invirtiendo en una alternativa para estas zonas mineras en vez de «desperdiciar dinero en mantener situaciones que tienen poco futuro».

¿Qué está en juego?

La comarca de Andorra-Sierra de Arcos tiene dos minas de cielo abierto (en Ariño y Estercuel), de las que dependen más de 200 familias de forma directa, y una central térmica en Andorra, que da trabajo a casi 400 personas. A ellas se suman los 100 camioneros que transportan mineral cada día y toda la actividad que depende de esta fuente de riqueza (comercios, hostelería, servicios…). En definitiva, 4.000 empleos de un total de 11.000 habitantes. Además, una tercera parte parte del presupuesto del Ayuntamiento de Andorra, es decir, dos millones proceden de los impuestos que generan las minas, apunta el alcalde de Ariño, Joaquín Noé.

Por eso toda la comarca se aferran a su última esperanza: un plan para la zona que sustituya al elaborado para el periodo 2013-2018 por el Gobierno del PP. Ello permitiría atisbar un horizonte más llevadero para un territorio en peligro de extinción. La ampliación del balneario de Ariño, una residencia de la tercera edad en Mequinenza o un centro de discapacitados en la comarca son tres planes que se priorizaron en el plan que vence este año, pero que no han visto la luz.

«El plan del Carbón 2013-2018 dotaba a los ayuntamientos mineros de España de 250 millones para el desarrollo de infraestructuras, pero apenas se han ejecutado el 50% de las inversiones previstas», subraya el secretario territorial de UGT en la provincia de Teruel, Alejo Galve. Entre 2013 y finales del 2017 este plan ha dejado en Aragón alrededor de 100 millones de euros, principalmente en prejubilaciones, aunque también ha revertido en subvenciones para proyectos. Sin embargo, lo que la zona necesita son iniciativas industriales que fijen a su población y éstos escasean.

Más recursos

Galve cree que uno de los proyectos sobre los que pivota la supervivencia de la comarca es el de la elevación de aguas del Ebro, lo que permitiría albergar nuevas industrias. «Serán necesarios unos 20 millones», afirma. Por lo pronto, la comarca está pendiente de los primeros movimientos de Ribera. «En cuanto se conforme el nuevo equipo vamos a solicitar una reunión», precisó Galve. Ayer, la titular de la cartera de Transición Ecológica se mostró dispuesta a entablar una reunión con el sector porque esa transición «requiere de una participación con los afectados».