El juez del Juzgado de lo Penal Número 7, Manuel Aleis, decidirá hoy sobre la petición de la nulidad del procedimiento judicial por el presunto amaño del Levante-Real Zaragoza disputado el 21 de mayo del 2011 y cuya victoria supuso la permanencia zaragocista en Primera. La primera jornada del macrojuicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia, que sienta a 42 acusados -36 de ellos futbolistas, y el Zaragoza como club- se dedicó a las cuestiones previas y asistieron la totalidad de los acusados, con casi una treintena de abogados.
Es poco probable que el juez dictamine la nulidad del procedimiento judicial solicitado por el Zaragoza y que se basa en la vulneración de los derechos de la defensa en lo referente al secreto profesional de un cliente del abogado y presidente de LaLiga, Javier Tebas, que motivó, según el Zaragoza, que este presentara la denuncia. A esa petición se sumaron el resto de abogados defensores y fue replicada por el Fiscal, Pablo Ponce, y los abogados de LaLiga y del Deportivo, que se presentan como acusación. El juez también puede decidir sobre la misma en la sentencia.
Debe decidir además sobre la petición de anular la causa de falsedad en documento mercantil de los abogados del expresidente, Agapito Iglesias, y de los exconsejeros Francisco Checa, que adujo que en su contrato solo mantenía sus funciones como secretario general, y Javier Porquera. También se le pidió por parte de las defensas que no considerara como prueba el Informe Técnico de Análisis de Datos presentado por LaLiga al ser un documento elaborado por la patronal de los clubs y presentarse al juzgado a finales de julio, además de contener también testimonios de redes sociales y de datos estadísticos que no se consideran necesarios o útiles.
La petición de la Fiscalía, del fiscal Pablo Ponce, para los 41 imputados (el 42 es el club aragonés) asciende a pena de prisión de dos años e inhabilitación de seis para los jugadores y la inhabilitación especial para los directivos, con una multa de casi dos millones de euros (1,93 millones) a cada uno de los acusados. Esa es la petición por el delito de fraude deportivo, mientras que el de falsedad en documento mercantil, que recae sobre Agapito, Checa y Porquera, establece una pena de prisión de dos años y multa de nueve meses con cuota diaria de 50 euros. La acusación de LaLiga y del Deportivo pide hasta 4 años de prisión, si bien el club gallego anunció que se reserva la acción civil, es decir la indemnización que cree que debe percibir por ser el equipo que bajó la temporada 2010-11, para emprender otra causa.
El juez también comunicará hoy el orden de declaraciones, teniendo en cuenta que en el escrito de la acusación de la Fiscalía es el Zaragoza el primero que aparece y suele ser la base para ello. Después, Agapito Iglesias, Porquera y Checa, además del director deportivo, Antonio Prieto, y el entrenador, Javier Aguirre, y los jugadores Lanzaro, Doblas, Da Silva, Jorge López, Ander Herrera, Braulio, Ponzio, Gabi, Diogo, Obradovic, Uche, Pinter, Paredes, Leo Franco, Jarosik, Bertolo y Boutahar. Después declararían los 18 citados por el Levante.
La defensa del Zaragoza, representado por el vicepresidente Sainz de Varanda y con el abogado, Jaime Hernández, inició las cuestiones previas recordando que sí existía en el club un sistema de prevención de este tipo de delitos de fraude deportivo y que así había sido auditado. El abogado del club explicó los hechos que motivaron la denuncia de Tebas, que las transferencias hechas a nueve jugadores y Aguirre y Antonio Prieto - hasta 965.000 euros, que después se justificaron como el pago de nóminas en septiembre de 2011- los conoció a través de un jugador del Zaragoza que acudió al despacho como cliente, vulnerando ese secreto profesional.
José Antonio Choclán, abogado de Gabi y Lafita, y que ha defendido en diferentes causas a Francisco Correa, Cristiano, Mourinho o Cristina Cifuentes, aseguró que Tebas había «vulnerado ese derecho y después se acogía a él para no revelar el nombre de ese cliente. La causa está contaminada y se debe dar una sentencia absolutoria». También presentó un documento en el que Gabi tenía carta de libertad para negociar desde febrero de ese año su traspaso al Atlético, dejando entrever que el descenso no le afectaba.
LA PETICIÓN DE OBRADOVIC
El resto de los casi 30 abogados manifestó su adhesión a lo pedido por el Zaragoza, aunque el de Ivan Obradovic, Jaime Sanz de Bremond, solicitó de manera muy vehemente la suspensión del juicio para su cliente al no haberse pronunciado la Audiencia Provincial sobre el recurso de apelación, lo que se justificó en la acusación en que era un simple defecto de forma al no nombrar al lateral serbio: «Es una vergüenza que se diga que se ha resulto un recurso cuando no se hace mención a lo expuesto en él. No se puede pretender hacer creer que solo se dejaron el nombre. Es una barbaridad », expuso tras el juicio.
Fue de los pocos que se paró para hablar. También lo hizo Aguire. «¿Preocupado? De momento, no se sabe si va a haber juicio», afirmó, mientras Agapito se quedó en un lacónico: «No voy a hablar». La defensa del expresidente presentó un certificado de una cancelación de un préstamo al Real Zaragoza de 8 millones para asegurar que no tenía en mayo de 2011 problemas de liquidez.
Para la Fiscalía no se ha violado ningún derecho fundamental en este proceso y para LaLiga y el Deportivo Tebas no solo denunció por esa conversación con un cliente sino que lo hizo por otras conversaciones. En cuanto a la prescripción del delito de falsedad documental las acusaciones dicen que no procede porque es de rango superior el de fraude deportivo y son 10 años hasta que prescribe.
