E ra la primera cuestión a decidir y se confirmó lo previsto: si había o no que anular el juicio por la vulneración de los derechos de defensa por parte de Javier Tebas al realizar la denuncia tras el testimonio de un cliente, un exjugador del Zaragoza, al actual presidente de la Liga y abogado, saltándose el secreto profesional y acogiéndose a él para no revelarlo. El juez Aleis se reservó su resolución hasta la sentencia. Lo mismo sucede con la petición de prescripción del delito de falsedad documental para Agapito, Checa y Porquera. Al expresidente se le denegó por ese segundo motivo la suspensión del juicio oral.

El juez entendió que esa petición de nulidad se debería haber hecho en la fase de instrucción, pero admitió que requería «un estudio prolijo que exigiría suspender la causa», reconociendo de manera implícita que hay fundamentos para esa suspensión y que quiere resolverla en sentencia, sin la premura de decidir si debía suspenderse la vista oral que ayer se inició.

Además, en la declaración de Tebas del 19 de septiembre, deberá «aclarar como testigo cuál fue la fuente y poder determinar así si la contaminación de la prueba es decisiva» para la presentación de la denuncia que originó el proceso.

El juez aceptó la incorporación como prueba del informe aportado de datos estadísticos de LaLiga sin perjuicio de que pudiera ser recurrido en el momento oportuno y no como prueba pericial, y rechazó las diversas peticiones de suspensión, en particular la formulada por el abogado de Obradovic por entender que la no resolución de su recurso de apelación obedece solo a un error formal y que ya estaba resuelto con el del resto de los futbolistas.

De este modo, comenzó un juicio que en las peticiones de la Fiscalía tiene dos años de prisión y 6 de inhabilitación para los 41 imputados, además de una multa de casi dos millones de euros (1,93) para cada uno por el delito de fraude deportivo, si bien los que no recibieron las transferencias que motivaron la denuncia tienen una salida judicial más fácil.

Mientras, el Zaragoza (el acusado número 42) como club se expone a una multa de 730.000 euros y, por el delito de falsedad documental, Agapito, Checa y Porquera se enfrentan a penas de dos años y a una multa de nueve meses con cuota diaria de 50 euros. La acusación de LaLiga y del Deportivo pide hasta 4 años de prisión.