Seis años y 28 días después de que la actual alcaldesa de La Muela, Marisol Aured, presentara el 26 de diciembre del 2007 ante el Grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía la denuncia que dio pie a las investigaciones de la operación Molinos, en la que inicialmente figuró como el testigo protegido Molinos 1, el magistrado Alfredo Lajusticia, titular del Juzgado número 1 de La Almunia, ha dado por cerradas las diligencias al emitir, el 23 de enero, un auto de apertura del juicio oral en el que ordena que los 43 acusados se sienten en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Los 2.220 días de pesquisas han generado un total de 79.189 folios que todavía se verán incrementados con los escritos de conclusiones provisionales de las defensas, las pruebas periciales que puedan solicitar y los últimos recursos.
En el auto, el juez ordena la formación de 65 piezas separadas --algunas ya están incoadas-- para tramitar la responsabilidad civil de los acusados, a los que exige que en unos días depositen fianzas por valor de 436.099.650 euros: 325.396.242 para hacer frente a las multas a las que se enfrentan y otros 110.703.318 para cubrir las indemnizaciones que puedan derivarse de una hipotética sentencia condenatoria.
La resolución, que especifica que el abanico de infracciones por las que deberán responder abarca trece delitos--estafa, cohecho, prevaricación, falsedad, fraude fiscal, blanqueo, tráfico de influencias, exacciones, malversación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y tenencia ilícita de armas--, advierte a los acusados de que si en unos días no prestan esas fianzas, "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".
NÚMEROS Esa cifra responde a las indemnizaciones que solicitan las acusaciones --Fiscalía, Abogacía del Estado, Ayuntamiento de La Muela, Gobierno de Aragón, Asociación por la Democracia en Aragón y un grupo de empresarios madrileños-- por cada presunto delito, aunque el grueso de las mismas es reclamado a varios acusados de manera solidaria.
La mayor fianza debe depositarla la exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla: 50,36 millones para multas y 15,93 para indemnizaciones civiles. Le siguen dos familiares: su primo Carmelo Aured --28,1 y 15,84-- y su exesposo Juan Antonio Embarba --43,33 y 532.223 euros--. Y, a no mucha distancia de estos, Julián de Miguel, el presidente de Aranade, a quien el juez le exige que afiance 27,16 millones para pagar multas y 15,84 --de los que ya ha depositado 2,2-- para cubrir la responsabilidad civil.
El magistrado ha fijado fianzas de 11,9 y 15,4 millones de euros, respectivamente, para el dueño de Construcciones Sagain y para su exejecutivo Patxi Aramburu; dos que suman 24,6 millones para el arquitecto municipal, Francisco Núñez; otras de 20,4 para José Carlos Fernández Delgado, ejecutivo de Brocover, y otras de seis y 1,2 millones para los exconcejales Fernando Barba y Juan Carlos Rodrigo.
El juez, por último, reclama a doce empresas que afiancen 37,59 millones de euros. Se trata, entre otras, de Aranade, Ebrogan, Sagain, Nuevas Tecnologías del Agua, Mirasol, PVL, GUZ y Comofer.
