El juez impone a Agapito, Escó y García Becerril una fianza civil de 18,8 millones

La cuantía de la fianza, que tiene como finalidad garantizar el pago de las indemnizaciones y multas que pudieran derivarse de una hipotética sentencia condenatoria, únicamente ha sido superada en Aragón por las que estableció en juez de La Almunia en la operación Molinos, entre las que destacan los 66,29 millones que debe afianzar la exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla. También el presunto desfalco que investiga el magistrado zaragozano es de récord: 14 millones de euros en la construcción de las naves de Autocity.

Los imputados deben depositar esa fianza "conjunta y solidariamente", es decir, que deben aportar esa suma --ya sea en metálico o en avales bancarios-- entre los tres, con independencia de cual sea la cifra que aporte cada uno de ellos.

EMBARGOS El magistrado, en un auto comunicado ayer a las partes, apercibe a los tres encartados: "de no hacerla efectiva dentro del siguiente día al de la notificación de esta resolución se procederá al embargo de sus bienes". Si no la entregan a lo largo de la jornada de hoy, aunque el auto es recurrible en reforma ante el propio emisor, el juez ordenará trabar fondos y bienes de sus patrimonios hasta alcanzar esos 18,85 millones.

La resolución del juez Picazo señala que de las investigaciones realizadas hasta ahora se desprenden "suficientes indicios de criminalidad que afectan a la conducta de los imputados", por lo que "puede dimanar una responsabilidad civil" contra ellos.

Unas horas después de que venza el plazo para entregar la fianza, a las 9.30 horas del viernes, está citado a declarar como imputado el constructor Agapito Iglesias, al que el instructor imputa como cooperador necesario de un delito societario --administración desleal-- y de otro de malversación de caudales públicos que atribuye a García Becerril y a Escó y al que considera, indiciariamente, autor de una estafa en la que señala como perjudicada a la empresa pública.

SOBREPRECIO Los hechos se remontan al periodo entre el 2005, cuando Plaza licitó y adjudicó a Codesport por 14,2 millones la construcción llave en mano de las naves que más tarde compraría Autocity, y el 2008, en el que la empresa pública, tras una modificación del proyecto, terminó pagando 32 millones. De ellos, 8,7 fueron abonados mediante pagarés firmados por García Becerril y por Escó. Este último admitió ante el juez que carecía de autorización para rubricar uno de ellos por superar los tres millones de euros: el exgerente le indicó "la necesidad" de emitirlos, declaró, y él no se percató del detalle de la cuantía.

Las acusaciones mantienen que el consejo de administración de Plaza no fue informado de las modificaciones, ni del precio final ni de la emisión de los pagarés. Los imputados, por su parte, indicaron que esa información está en los anexos de las sesiones del órgano de dirección de la empresa pública.

El arquitecto que elaboró el informe pericial de parte en el que Plaza basó la denuncia que originó las pesquisas ratificó el pasado martes sus conclusiones: las obras fueron adjudicadas por 14 millones, Plaza pagó por ellas 32 y los sobrecostes no pasan de cuatro, lo que sitúa el supuesto sobrecoste en el entorno de los 14.

En un auto fechado el pasado jueves, el juez Picazo considera que la causa incluye "suficientes indicios que apuntan a la razonable posibilidad de que ese resto de 14 millones pasara a manos de las personas ya imputadas (Escó y García Becerril) así como también a las del constructor Iglesias". Todo apunta, añade, a un "plan preconcebido" por el que este último hinchó el coste de la obra y los ejecutivos de Plaza maniobraron para pagarle.