El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, ordenó ayer citar como imputado al exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA y exconsejero delegado de Plaza, Carlos Escó, en el caso sobreprecio, en el que investiga el pago de 32,3 millones de euros --sin IVA-- a Codesport, la constructora de Agapito Iglesias, por una contrata para construir unas naves en la plataforma logística que inicialmente le había sido adjudicada por 14,5. El juez tomó esa decisión --junto con la de citar como testigo a Pedro Colás, exdirector financiero de Plaza-- tras escuchar la declaración como imputado por delito societario-- del exgerente de la empresa pública, Ricardo García Becerril.

Este último había sido denunciado por Plaza como presunto autor de un delito de administración desleal y otro de malversación como supuesto responsable de la aprobación del sobreprecio de 17,8 millones y la emisión de pagarés por valor de 8,7, dos decisiones sobre las que, según la acusación, no fue informado el consejo de administración de la empresa pública.

García Becerril aseguró que el consejo sí fue informado de esas modificaciones del contrato inicial y afirmó que lo hizo él personalmente en la reunión del 29 de diciembre del 2005, en la que expuso el proyecto del incremento de construcción de naves de esa contrata.

MODIFICACIÓN Admitió que la adjudicación contemplaba construir 80 naves y 40.000 metros cuadrados de suelo, pero que ese planteamiento cambió al pedir el comprador --Autocity-- 54.000 metros en 118 edificios. Eso disparó el plazo de ejecución de 10 meses a 39, lo cual, según dijo, al tratarse de una obra de más de un año de duración modificada por causas no imputables a la constructora, permitía la revisión de precios que el contrato inicial --modelo llave en mano-- vetaba de manera expresa.

También sostuvo que el consejo "autorizó y ratificó" los pagos, algo que niegan las acusaciones.

No obstante, dijo no recordar si al consejo le fue puesta de manifiesto "la contradicción evidente entre los sobreprecios existentes y lo que el mismo consejo acordó". "A lo mejor", añadió, el órgano de administración no reflejó en sus actas ninguna discusión en torno a esas diferencias "porque estaba más preocupado por los ingresos".

En cualquier caso, García Becerril abrió la puerta a la imputación de Escó, que será citado a declarar dentro de unos días, al indicar que cuando era gerente no tenía "relación directa con el consejo" --"no hablaba directamente" con ningún miembro, dijo-- y que despachaba con el consejero delegado, "el cual sí le autorizó la firma de los pagarés y los firmó" ya que "tenía competencia para hacerlo de forma mancomunada" con él.

De hecho, puntualizó que los pagarés "fueron firmados en primer lugar por el consejero delegado" y luego por él porque "era preceptivo".

García Becerril no dio ninguna explicación a la pregunta de por qué en la primera certificación de esos trabajos el precio del metro cuadrado ya era superior al acordado: se limitó a indicar que las firmaban el director facultativo de la obra --de Codesport-- y el director técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, imputado en la pieza principal del caso Plaza. Lo "único" que él hizo, señaló, fue llevarle esa documentación a Escó.

AGAPITO El exgerente de Plaza negó, por otro lado, que hubiera pactado con Agapito Iglesias la aplicación de "otros precios distintos a los que aparecían en el contrato". Y también rechazó que ambos se reunieran los viernes en aquella época.

A preguntas de su defensa, García Becerril explicó que las modificaciones del proyecto inicial están detalladas en sendos documentos, elaborados por Codesport en octubre del 2007 y junio del 2008, en los que "se hace constar que las soluciones fueron consultadas con la dirección técnica de Plaza".

Para él, Carlos Escó "representaba al consejo de administración" y "estaba informado de los importes antes de realizar los pagos". Este, como consejero delegado, "era el que aprobaba esos pagos", añadió.