La jueza decretó ayer para Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat valenciana, su ingreso en prisión preventiva y sin fianza por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Y poco antes de las 21.00 horas abandonaba la Ciudad de la Justicia de Valencia en un furgón policial camino de la cárcel de Picassent (Valencia).
Tras ser detenido el martes junto a seis personas más, y ser acusado por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales, el exmandatario popular ha pasado su primera noche en esa prisión tras llegar por la mañana, procedente de Madrid, al cuartel de la Guardia Civil del barrio valenciano de Patraix. Tras negarse a declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia. Zaplana volvió a acogerse a su derecho a no declarar, y la jueza lo envió a prisión.
El juzgado estudia la repatriación por parte del político murciano de cerca de 10 millones de euros que tendría en paraísos fiscales desde hace más de 15 años y que habría obtenido al parecer de comisiones ilegales por las adjudicaciones de planes eólicos y de la privatización de las ITV en su etapa al frente del gobierno valenciano.
La jueza del caso Erial también decretó ayer libertad con medidas cautelares para los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del exdirector general de la Policía y expresidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, quien también declaró ayer ante la Guardia Civil, y abandonó las dependencias del cuartel sin que pesara ninguna medida cautelar aunque sí será citado por la jueza los próximos días.
Por el caso Erial también fueron detenidos el martes el exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García, el exalto cargo de la Agencia Valenciana de Turismo y exdirectivo del parque temático Terra Mítica Joaquín Barceló y su mujer, Felisa López, y el asesor fiscal Francisco Grau, que estaba previsto comparecieran también ayer.
La propia esposa de Zaplana está imputada en el caso. Anoche, Rosa Barceló guardó silencio ante la prensa al salir de la Ciudad de la Justicia después de que su marido fuera conducido a Picassent. Todos los citados estarían acusados de participar en el blanqueo.
La investigación de este caso ha sido dirigida por el citado Juzgado de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones «sospechosas» del Gobierno valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros.
Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico, por las que los investigadores creen que los empresarios habrían pagado mordidas. La operación se desencadenó a partir de la repatriación de parte de ese dinero, que presuntamente estaba oculto en paraísos fiscales, de manera que la conexión de esas cantidades con actividades presuntamente delictivas cometidas en la etapa de Zaplana abrió la posibilidad de levantar la prescripción de esos delitos. Un dosier manuscrito entregado a la justicia por el arrepentido Marcos Benevant, el autodenominado como Yonki del dinero, habría permitido empezar la operación hace tres años y recientes movimientos de dinero de Zaplana habrían confirmado a la UCO las sospechas que tenían.
