La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela sigue avanzando en la causa por sedición que tiene entre manos. Ayer se supo que ha reclamado a las patronales bancarias información sobre las cuentas y activos de la Assemblea Nacional Catalana (ACN) y de Òmnium Cultural, y que ha pedido a la Guardia Civil identificar el tráfico de llamadas mantenido por los cuatro imputados que hay por el momento: el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero; los presidentes de la ACN y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y la intendente Teresa Laplana.

La magistrada quiere conocer las llamadas y mensajes de texto que se cruzaron entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre para perfilar la intención de la actuación de cada uno de ellos y determinar si actuaron coordinadamente con algún fin. Los agentes tendrán que detallar sus contactos entre ellos o con otras personas siempre y cuando tengan relación con los hechos investigados, que, de momento, se limitan a las protestas de los días 20 y 21 de septiembre con las que se entorpeció la labor de la comisión judicial enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona a registrar, entre otras sedes, la Conselleria de Economia.

No obstante, la jueza ya ha ordenado algunas diligencias relativas al 1-O, como pedir la identificación de los mossos que formaron parte del dispositivo para impedir el referéndum ilegal.

Tanto esa prueba como la de recabar información sobre las cuentas de la ANC y Òmnium fueron planteadas en el juzgado por la fiscalía, pero ya aparecían en el último atestado de la Guardia Civil sobre la actuación de los Mossos incorporado a la causa.

La jueza se ha dirigido a la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito para conocer cualquier información de la que dispongan a través de sus asociados sobre cuentas, depósitos u otros activos que consten a nombre de las entidades soberanistas, un paso imprescindible cara a una futura actuación contra ambas.

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha optado por tratar de revocar su ingreso en prisión dirigiéndose directamente a la Sala de lo Penal. Niega la competencia de la Audiencia Nacional para investigarle y sostiene que «si el fin de la manifestación» ante la Consejería de Economía del pasado 20 de septiembre «hubiese sido impedir la práctica de la entrada y registro, es obvio que lo habría conseguido fácilmente» y niega la sedición. El abogado Jordi Pina niega en el recurso que en la convocatoria realizada por la ANC hubiera «un alzamiento público y tumultuario», así como que Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart -que todavía no ha presentado recurso-, hicieron todo lo posible para que la concentración fuera de forma pacífica.

OVACIÓN A TRAPERO

El director de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, defendió ayer la labor de los agentes de la policía autonómica. Trapero recibió una gran ovación por parte de los asistentes a un acto en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.