Desde que en julio del 2001, el Gobierno aragonés dictara una orden bloqueando las descalificaciones voluntarias de Vivienda Protegida, el director general encargado de las mismas, Julio Tejedor, no ha firmado todavía ninguna. La decisión, polémica en su momento, recibió incluso una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza, que intuía arbitrariedad y trato desigual. Sin embargo, la Ley de Vivienda de diciembre del 2003 endureció todavía más las condiciones para lograr la extinción del régimen de protección, ampliándose hasta los 15 o 20 años, dependiendo del tipo de promoción, el plazo mínimo para la descalificación. Se da la circunstancia de que este trámite es obligatorio para toda vivienda de VPO que quiera entrar, con total libertad de precios, en el mercado inmobiliario. "La situación actual del mercado de la vivienda en Aragón hace necesaria la actuación administrativa encaminada a proteger el interés público existente en el mantenimiento en el mercado de un volumen de VPO que haga frente a la amplia demanda existente", argumentó en su momento el Instituto de Suelo y Vivienda de Aragón. De hecho, la mayoría de la sociedad está de acuerdo en que no se descalifiquen las viviendas que han obtenido unas ventajas económicas y fiscales, además de haber salido al mercado con unos precios bastante más bajos que los del mercado general.
