Aragón no dispone de medios para luchar contra el maltrato a los mayores, una lacra en aumento que afecta a entre el 3 y el 10% de la población mayor de 65 años y para cuya erradicación pidió ayer "medidas urgentes" el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.

Durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos de las Cortes, ante la que presentó un informe especial, reveló que la Clínica Forense de Zaragoza ha atendido a 285 ancianos víctimas de violencia en los últimos cinco años. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que sólo el 20% de los mayores presenta denuncia y que las agresiones físicas suponen sólo el 15% del total, por detrás del abandono, la explotación y los abusos.

Como ejemplo de que el efecto Iceberg afecta de manera notable en los maltratos, el Justicia comparó los casos detectados por los forenses con los denunciados el pasado año, que fueron únicamente ocho en Zaragoza capital.

Ante el hecho de que "ni siquiera existen datos fiables" de la situación en Aragón, apuntó que sería esencial crear un observatorio que permitiera analizar esta realidad, con modelos similares a los que ya se han puesto en marcha en comunidades como Andalucía y Madrid.

Asimismo, García Vicente exigió un mayor apoyo a los cuidadores, que suelen ser mujeres (que ejercen esta labor en detrimento de su carrera) o inmigrantes. También reclamó otro tipo de medidas "como protocolos de protección y servicios de acogida para las personas mayores, al igual que se hace con las mujeres maltratadas". "Es impensable que presenten una denuncia si tienen que seguir conviviendo con las personas agresoras", añadió.

El informe presentado ayer se elaboró tras recibirse un documento en el que Cáritas Diocesana de Zaragoza recogía la situación que viven muchos mayores y denunciaba la nula intervención de los servicios sociales.

El Justicia exigió a "todas las administraciones aragonesas" una "mayor sensibilidad" y advirtió de la ausencia de medidas actuales. "Ni siquiera hospitales de referencia como el Miguel Servet tienen protocolos" para actuar en estos casos y la "ilegalidad" en la que perviven algunas residencias empeora la situación.

Explicó que el agredido "está en una situación de inferioridad porque depende de otros" e informó que a menudo existen barreras psicológicas que llevan a las víctimas a silenciar su situación, como el miedo a ser ingresado en una institución, el afán de proteger a su agresor --que en un 37% de los casos es un hijo-- y la sensación de deshonra". Generalmente el maltrato se ceba con mujeres de más de 75 años y con un claro deterioro cognitivo que les aisla del resto de la sociedad.

RESPUESTAS Tras la intervención del Justicia, la parlamentaria del Partido Popular, Rosa Plantagenet, demandó que el Gobierno de Aragón desarrolle una campaña informativa sobre los derechos de las personas mayores, y que los servicios sociales expongan públicamente la carta de derechos de los ancianos.

Asimismo, Gonzalo González, diputado de Chunta Aragonesista, reclamó medidas de intervención por parte de la DGA y alertó contra la extensión del denominado mobbing inmobiliario , por el cual "algunos ancianos que tienen pensiones muy pequeñas y pagan alquileres bajos son obligados de hecho a marcharse de sus viviendas", según recogió Europa Press .

Por su parte, Encarna Mihi, del PSOE, y la diputada del PAR, Teresa Perales, aplaudieron la labor de indagación realizada por el Justicia y recordaron que la legislación reconoce los derechos de los mayores.