"La reforma del aborto nos desprecia"

--Los últimos datos son aterradores. La reforma del aborto es una bomba y las noticias sobre el maltrato a la mujer en Europa son horribles. Leyes en España que aseguraban derechos y que parecían consolidadas sufren ahora una vuelta atrás, lo que provoca un efecto peligroso para otros países.

--¿Qué cree que pretende la reforma del aborto propuesta desde el ministerio?

--Es retrógrada y está encaminada a decirle a la mujer que no están dispuestos a su empoderamiento y que van a poner freno a nuestra reclamación de derechos. Es propia casi de la extrema derecha, con cuestiones inaceptables.

--La nueva ley señala a los psiquiatras para que sean ellos los que evalúen si una mujer puede abortar si hay riesgo para ella. ¿Qué le parece?

--Es completamente inaceptable que, sin consultarnos ni una mínima reflexión, decidan que sean dos psiquiatras de centros públicos los que elaboren un informe para decidir si una mujer debe abortar. Eso, de entrada, no se puede hacer, pero es que, además, no mejora para nada la salud de la mujer, sino todo lo contrario. Cuantas más trabas se pone a un aborto decidido libremente, más mortalidad provoca. Todo va encaminado a verse obligadas a salir al extranjero para abortar si se cuenta con dinero y, si no, acudir a una clínica abortiva, lo que, aparte del riesgo físico, supone un malestar psíquico, con sufrimiento y zozobra por cómo va a salir o dónde ir. Hablamos de angustia, depresión o ansiedad.

--¿Se puede hacer lo que les pide Gallardón?

--Por supuesto que no. Se puede mentir, así de claro. Peritar, o mejor dicho, evaluar, a una persona sana es imposible. La ley habla de daño psíquico grave permanente pero eso equivale a una enfermedad mental no a malestar psíquico.

--¿Se consideran maltratados?

--Es una norma injusta, pero no solo eso sino que, además, Gallardón advierte de que se penalizará a los profesionales que no cumplan la norma o no emitan informes. Es decir, amedrenta y amenaza a los sanitarios, pero lo que realmente hace es meter a la mujer en un laberinto y decirle que son otros los que toman las decisiones por ellas porque son incapaces. Por eso, la decisión de no castigar a la mujer sino al sanitario es lo más grave porque eso se traduce en un desprecio absoluto tanto a los profesionales como a la mujer, a la que quiere tener tutelada. Y nos sentimos ofendidos por ello.

--¿Se plantean alguna medida de desobediencia civil, tal y como se anuncia desde diversos grupos de otros colectivos sanitarios?

--No nos planteamos otra vía más allá de la retirada de la norma. Hay quien opta por la desobediencia, sí, pero, realmente, no sé cómo la van a llevar a la práctica. No es nuestro caso porque contamos con un elevado porcentaje de profesionales de centros públicos. ¿Dónde va a ir uno a hacer algo así? Creo que no se debe objetar porque eso es, precisamente, una forma de decirle a los profesionales que pueden atender a quien quieran y somos sanitarios públicos y no se puede decir no a nadie.

--¿Saldrá adelante la ley?

--Está fundamentada en la ideología y usa la salud de las personas como material político, pero tenemos que dar batalla y no contemplar la posibilidad de rendirnos o negociar porque no se negocia con personas. Creo que el desarrollo de esta normativa dependerá de los tiempos políticos y del interés partidista. Afortunadamente, no hablo de política, pero sí de la mujer --soy feminista y progresista-- y de sanidad. Y tengo claro que esta ley es una bomba para los dos colectivos.