El anteproyecto de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), la séptima de la democracia aprobada ayer por el Consejo de Ministros, se orienta a garantizar el aprendizaje en castellano en las comunidades con lengua cooficial, particularmente en Cataluña, y a que la Religión y la nueva asignatura de Valores Alternativa cuenten en la nota media final de la ESO. De momento, la ley del ministro Wert no cuenta con el apoyo de ningún partido, por lo que está abocada a ser derogada si el PP pierde la mayoría absoluta.

Para llevarla a efecto, el Gobierno adelantará el pago de la escolarización privada de aquellos alumnos que no tengan garantizado el aprendizaje en castellano en los centros públicos o concertados de las comunidades con lengua cooficial, y se lo descontará a éstas de la financiación que les corresponda.

Y en relación con la enseñanza de Religión, a pesar de que el propio Wert evitó mencionarlo, el anteproyecto fija que la nota de la asignatura de Religión cuente --como exigía la Conferencia Episcopal Española-- igual que las Matemática o la Lengua para la media final; obtener ayudas y becas, y a efectos de repetición de curso. La alternativa de Religión (Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria), que además será ofrecida como optativa, también contará a estos efectos.

Este cambio supone una vuelta a la Logse aprobada por el Gobierno de Felipe González en 1990. En la actualidad (la ley vigente es la LOE), la Religión no cuenta, ni es evaluable a final de curso ni sirve para pedir ayudas o becas, y la alternativa la establecen los colegios que lo desean o no existe. Por el contrario, se suprime Educación para la Ciudadanía, cuyo temario se aprenderá de forma transversal.

Los centros que eduquen por sexos separados deberán justificar que no discriminan en calidad educativa si quieren optar a ser concertados.

LOS CAMBIOS

La memoria económica mantiene el cálculo de 408 millones de euros como coste neto directo de implantación (corresponde al Gobierno), fundamentalmente destinados a la nueva FP básica y a las dos trayectorias de cuarto de ESO, hacia bachillerato y FP.

Las comunidades autónomas financiarán los costes de consolidación, mayores cuantos más alumnos permanezcan en el sistema escolar.

El Ministerio calcula que la reforma, que ahora debatirá el Parlamento, se implantaría en dos cursos (tres años naturales), a partir del 2014-2015.

La propuesta implanta itinerarios formativos en cuarto de ESO hacia el bachillerato y la FP, así como evaluaciones nacionales externas de competencias básicas al final de cada etapa educativa, que habrá que superar para titularse.

Los partidos de la oposición han coincidido en rechazar la reforma, ya que, como denuncia el PSOE, fomenta la "desigualdad y la segregación" y recupera el "catecismo". La reforma es respaldada por las comunidades que gobierna el PP, como es el caso de Aragón, y rechazada por el resto. El País Vasco no excluye recurrirla en el Tribunal Constitucional.

Sindicatos de docentes y otras organizaciones de centros y alumnos han recibido el proyecto entre el rechazo, como los sindicatos de la escuela pública, la frialdad de Escuelas Católicas y la conformidad de otras organizaciones de la concertada.