«No resistan al que es inicuo; antes bien, al que te dé una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». El sermón de Jesucristo bien podría valer hoy para la polvareda que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ha decidido levantar de la mano de un alcalde, Pedro Santisteve, que ha puesto rumbo al calvario por una cuestión jurídica que ni siquiera tiene potestad para abrir. Entonando el «ojo por ojo y diente por diente», subyace una discusión social sobre la que la jurisprudencia europea ya ha dictado sentencia, a favor de otros Santisteves que sí tenían esa potestad. Y sobre la que España sigue sin aplicar para recuperar la propiedad de los edificios religiosos inmatriculados por la Iglesia católica. Una polémica que, habitualmente, se entremezcla con otras como sus privilegios fiscales, los usos de inmuebles construidos y restaurados con dinero público, el cobro por acceder a algunos de ellos y un acuerdo con el Estado que, siendo el verdadero competente para actuar, no cambia nada a la vez que se declara aconfesional (que no laico).

1 La inmatriculación, cuándo y cómo

El origen está en la actuación en 1987 y 1988 del arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, con la iglesia de La Magdalena y la catedral de la Seo. Registró la propiedad a nombre del Arzobispado en base a una certificación de dominio refrendada por el Notario Mayor de la Curia. Esto es lo que se conoce como inmatriculación de un bien del que no consta registro de su titularidad desde su existencia. En el caso de la Seo, desde que fue consagrada como mezquita musulmana en 1119 --recibió la denominación de catedral en 1318--, y en La Magdalena, desde 1126, como antiguo templo románico. Ambos edificios, además, fueron declarados en 1931 como parte del Tesoro Histórico-Artístico Nacional. Es decir, un bien 100% público.

Yanes inscribió estos inmuebles cuando la ley vigente, el Reglamento Hipotecario de 1947, no le dejaba hacerlo (los templos eran una excepción a esta inmatriculación), y no se respetó. A eso se agarra ahora ZeC. Mientras el Arzobispado apela a la reforma de la ley hipotecaria del Gobierno de José María Aznar que, en 1998, levantó ese veto, y a una declaración de la Dirección General de Registros en el 2001 que avalaba las realizadas hasta la fecha.

2 Los usos, la tradición, y los dueños del bien

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) apelaba anteayer al ejemplo de Francia y de la catedral de Notre Dame como objetivo a seguir. De uso religioso --es sede de la archidiócesis de París--, pero con otras actividades culturales y turísticas y, sobre todo, de titularidad pública. Concretamente, es un bien de la nación gala. Sin discusión pese al enorme tirón que tiene entre los creyentes y pese a albergar ceremonias religiosas.

Así que, ZeC se plantea si la tradición católica en la Seo es motivo suficiente para autoasignarse la propiedad de un edificio que en el siglo XX fue declarado por el Gobierno de la nación como parte de su tesoro histórico-artístico. Y si siendo un elemento destacado del patrimonio histórico artístico de primer orden no puede seguir siendo pública su propiedad.

3 La conservación y la transparencia

A nadie se le ocurriría que una Administración pública que cobra a los ciudadanos por entrar en un bien de su propiedad no ofreciera datos sobre cuántas personas pasan al año por él, cuánto se recauda o en qué se reinvierte. Esto sucede hoy con la Seo. En su última reforma, entre 1984 y 1988, se invirtieron 15 millones de euros, 13 de ellos del erario público (estatal) y pocos datos más se conocen de su contabilidad. El ayuntamiento asegura que, según las cifras de Turismo, recibió 125.750 visitantes en el 2015. A cuatro euros de entrada equivaldría a 503.000 euros ese año. A ese ritmo habría reportado 9,5 millones desde que hace casi dos décadas reabrió sus puertas al público. Como para no poner la otra mejilla.