Los dirigentes políticos aragoneses analizaron con atención la sentencia del juicio del procés. Así, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, aseguró que se ha demostrado que en España «funciona el Estado de derecho» y que se puede «estar muy orgulloso» del poder judicial, al tiempo que acusó de «nulo talante democrático» al independentismo catalán por tachar de «política» la resolución.
El socialista apeló a todos los poderes públicos, como lo es una comunidad autónoma, a ser «leales» al Estado y al Gobierno en la gestión política del veredicto, al tratarse de un asunto de tal envergadura. A su juicio, la resolución evidencia que los condenados «no son presos políticos», sino «sediciosos que están en la cárcel» y seguirán en ella, y «eso como demócratas -dijo- nos tiene que satisfacer».
La posición del dirigente es similar a la de otras fuerzas políticas en Aragón, como el PAR. «Esta sentencia es histórica y la de mayor importancia de toda la democracia en España, y debe servir para avanzar en la resolución del conflicto», aseguró el presidente aragonesista, Arturo Aliaga, para insitir en que las autoridades catalanas «tienen que volver a la legalidad».
apelación al diálogo / El resto de los partidos agrupados en el Ejecutivo autonómico insistieron en la vía del diálogo. «El texto no soluciona absolutamente nada en un conflicto político y territorial muy serio que hay que afrontar mediante el diálogo, tendiendo puentes», dijo el responsable autonómico de Podemos, Nacho Escartín.
En la misma línea habló José Luis Soro (CHA): «Si no se asume que es el tiempo de la política jamás se encontrará una solución al conflicto catalán», dijo.
Para IU la situación está condenada al fracaso si no se avanza por esa línea. «Estamos ante las consecuencias de un choque de trenes absolutamente estéril entre el aventurismo independentista, cuyas posiciones han fracasado, y el enfrentamiento reaccinario de unas derechas», dijo Álvaro Sánz.
Más duro en su valoración se mostró el portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, al considerar que la sentencia «ratifica que en un Estado de derecho el que la hace la paga». Y añadió su preocupación por la condena a la sociedad catalana que queda «rota, dividida y fracturada» y que va a costar recomponer.
Por su parte, Zaragoza en Comón (ZeC) quiso mostar su «tristeza» al considerar que la condena liga los derechos de reunión y manifestación al delito de sedición.
Desde el PP en la comunidad limitaron su reacción ante la sentencia a las declaraciones de su presidente, Pablo Casado. Los responsables de Vox tampoco quisieron añadir nada a la valoración estatal de su grupo.
