El rechazo social y político a la sentencia que califica como «abusos» los actos de cinco jóvenes durante los Sanfermines sigue creciendo en la comunidad. De hecho, el propio presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, consideró que la agresión fue «una violación en toda regla».

Lambán reconoció que un representante público debe ser respetuoso con las sentencias de los tribunales y que él, aunque «esforzándome mucho», también intenta serlo, pero subrayó que los que pasó merece el calificativo de violación y que nadie le convencerá de lo contrario.

«Lo que ocurrió fue un acto cometido por cinco energúmenos que no merecen sino mi más absoluto desprecio», afirmó el dirigente socialista, quien también reconoció su indignación con la lectura de parte de la sentencia, «sobre todo la emitida por uno de los jueces» al considerar que incluye «unos párrafos absolutamente incalificables».

El portavoz del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, manifestó que la decisión «lanza un mensaje muy negativo a los hombres y a las mujeres de todo el país, pero especialmente a los más jóvenes» al considera que invita a las mujeres a «no denunciar» y que perpetúa «la idea reforzada, patriarcal, histórica y antigua de que la calle, la fiesta, la noche y la libertad» es solo un espacio masculino.

En las puertas del consistorio se concentraron los portavoces de todos los partidos que forman parte del pleno municipal. La vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto, señaló que después de un 8 de marzo «histórico» no se puede entender «que el sistema judicial esté avocando a que las mujeres pensemos que no tenemos derecho sobre nuestro cuerpo», algo que, en su opinión es «gravísimo».

También hubo nuevas reacciones en contra de la sentencia desde el PAR. La diputada Elena Allué pidió «la inmediata modificación de los tipos del Código penal» para evitar que se produzcan este tipo de sentencias con total rechazo social.

Por su parte, el líder estatal de IU, Alberto Garzón, que participó en una asamblea en Zaragoza, manifestó su repulsa «más absoluta» por una resolución que calificó de «infame» y de «profundamente machista».