Tras varios meses en segundo plano, el debate sobre la financiación autonómica cobró ayer un precipitado protagonismo. Y se coló de forma directa en las reuniones que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo con el responsable del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Y aunque no hubo mucha concreción, desde la Moncloa se comprometieron a convocar de forma «inmediata» el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que deberá aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica.

Los dos dirigentes consideraron prioritario avanzar en un nuevo reparto de fondos que garantice la prestación de servicios. Y se mostraron conformes a avanzar en el debate independientemente de la situación catalana. Es decir, que si en los próximos meses no se forma un gobierno en la comunidad y sigue bajo el mandato del 155, esto no debería ser un impedimento para el pacto.

Lambán exigió «un cambio absoluto» del sistema actual al considerar que la asignación que reciben las comunidades «es insuficiente al estar basado en unos criterios de reparto con los que desde Aragón no se puede estar de acuerdo». Y en este sentido evitó plantear el debate como un enfrentamiento entre siglas políticas. «He dejado claro que esto no es un asunto entre partidos y que la reforma se tiene que tratar entre las comunidades autónomas», precisó.

Por el momento el foro elegido es el CPFF. En la última reunión se trabajó en una propuesta amparada por un grupo de expertos y el propio Ministerio de Hacienda tiene la potestad de llevar una fórmula para el cambio. «Yo tengo que defender posiciones mayoritarias de los aragoneses, siguiendo el mandato de los diputados de las Cortes», expresó Lambán.

Por su parte, la presidenta insistió en varias ocasiones en que Andalucía «no quiere ser más que nadie pero tampoco va a permitir estar por debajo de la media» y en estos momentos los andaluces están 42 euros por debajo. Además presentó un documento apoyado por todo el Parlamento andaluz (menos por Ciudadanos) en los que reclama un aumento en 4.000 millones de euros en su asignación presupuestaria.

Y es en este punto donde choca la cuestión catalana, pues la falta de un interlocutor válido impide cualquier avance en un debate en el que todos van tomando posiciones. «Negociar un nuevo sistema sin una Generalitat constituida de forma plena y legítima será difícil, pero me niego a aceptar que los independentistas puedan condicionar la agenda hasta el punto de que tengamos que esperar a que acepten volver a la normalidad», manifestó con contundencia. Por ese motivo consideró que no es necesario demorar más la cuestión. «A pesar de las dificultades quiero que se lleva al consejo con una propuesta oficial y que se empiece a debatir en serio esa cuestión», zanjó.

recursos insuficientes / Aragón también tiene hechas las cuentas y así se lo transmitió el dirigente socialista a Rajoy. «Los recursos presupuestarios son claramente insuficientes. Hacen falta más fondos para que las comunidades puedan prestar servicios básicos, como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Y eso se hace de dos maneras: o aumentando la presión fiscal o repartiendo de otra forma lo que tenemos», indicó Lambán.

Como ya se ha precisado en otras ocasiones, el dirigente socialista pidió más «trozo de la tarta» para ayuntamientos y comunidades. «Tiene que haber un mejor reparto entre los diversos niveles administrativos favoreciendo a quienes hasta ahora han resultado perjudicados», dijo.

Aragón, como sucede en Asturias, Galicia y Castilla y León, apuesta por que prevalezca un criterio de reparto que tenga en cuenta el coste real del servicio. «No es lo mismo un niño escolarizado en Cantavieja que en una ciudad mucho más poblada», indicó Lambán.

Por el momento este planteamiento ha provocado una fracctura en la que los partidos han quedado en segundo plano. Hasta el punto de que el presidente de la DGA consideró que sería «una pésima forma de lograr un acuerdo» pactar un mínimo entre las comunidades socialistas. «En todo lo que tenga que ver con lo orgánico me ceñiré a lo que marque el secretario general, pero lo que tenga que ver con Aragón atenderé a los intereses de los aragoneses aunque estén más próximos a una comunidad gobernada por el PP», reconoció.