El debate sobre la legalización del outlet de Pikolín sigue en la rampa de salida, rumbo a la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza que se celebra el próximo lunes, cuando todavía existen dudas sobre si la empresa Iberebro, promotora de Torre Village, ha solicitado formalmente modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta permitirá dejar sin efecto las dos sentencias judiciales que pesan sobre las obras, que siguen su curso como si nada pese a que se declaró nulo de pleno derecho el plan especial que las impulsó con los votos del PP, Ciudadanos y PSOE el pasado mandato. Ahora la discusión la va a presentar el nuevo Gobierno PP-Cs, sin abrir el expediente todavía. Pero ayer se evidenció que promete alta tensión en el salón de plenos. Pedro Santisteve arremetió contra su sucesor en el cargo por las prisas que, denunció, está teniendo con el interés de esta empresa y por «traicionar» a la ciudad.
Jorge Azcón le recordó que hay «mayoría política» a su favor y que la ciudad se expone a una indemnización millonaria que no se puede permitir. Y, por si fuera poco, Podemos anunció que cuando se impulse el procedimiento acudirá a los tribunales.
SILENCIO DE PSOE Y VOX
Así es como se dibuja el tablero político de cara a la comisión del lunes, después de que el responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, de Cs, decidiera incluir en el orden del día un punto en el que solo pretende que los partidos políticos se posicionen. Pues bien, solo dos de los que están en la oposición no se han pronunciado aún al respecto: el nuevo PSOE municipal de Pilar Alegría, que ayer rehusó hacer valoraciones al respecto de esa modificación del PGOU y aseguró que lo hará en la comisión, y Vox, que no opinó porque sus concejales, según su responsable de comunicación en el consistorio, no estaban disponibles en horario de tarde (al parecer solo trabajan por las mañanas).
«Es conocido que hay una mayoría política en la anterior corporación que hoy tiene más representación de la que tenía hace 4 años, que apuesta por solucionar lo que puede ser una indemnización millonaria con una modificación del plan general que afecta a Torre Village», afirmó ayer el alcalde sobre este tema. Este insistió en la idea acerca de una posible carga económica sobre la ciudad si no se acomete esta vía. «Ya lo hemos hecho bastante en los últimos años como para tener que apechugar con otra indemnización millonaria que se pague con los impuestos de los zaragozanos», apuntó.
NUEVO PELOTAZO
La posición de Azcón es dar una «solución urbanística a un problema que tiene creado la ciudad» desde «el mayor consenso posible» y una votación que obtenga «el mayor respaldo político». «Si esa votación no se produce, si no tiene ese respaldo político mayoritario, evidentemente no saldrá», concluyó el alcalde de Zaragoza.
«Lo que nos preocupa es que tras esa parálisis se encierre un nuevo pelotazo urbanístico», subrayó Santisteve señalando iniciativas urbanísticas como la de «La Romareda, la Feria de Muestras, Zaragoza Alta Velocidad o Averly», todo «sin que se haya celebrado la comisión de Urbanismo y sin que haya reunido a la Gerencia de Urbanismo». «Todo esto es lo que nos lleva a preguntarnos -también en relación con el outlet de Pikolin- «cuántas deudas ha ido contrayendo el señor Azcón a lo largo de estos 16 años que ha estado aspirando al sillón de la Alcaldía con esos grandes tenedores de suelo y con esos grandes especuladores inmobiliarios y cuánto nos va a costar a la ciudad», denunció el concejal de ZeC, ahora en la oposición.
Sobre estos anuncios, Santisteve fue duro: «Sabemos a lo que apuntan, a la ausencia de un modelo de ciudad, volver más a lo mismo, a un evidente riesgo de burbuja inmobiliaria y la carencia de ideas de un modelo de desarrollo económico sostenible». Pero no se quedó ahí, en el caso de Torre Village acusó a Azcón de avanzar hacia un «urbanismo a la carta» mediante la modificación del PGOU «en un tiempo exprés», concluyó.
En paralelo, Podemos-Equo entra en escena con más fuerza. El exconcejal de ZeC y ahora en las filas de la formación morada Fernando Rivarés, rechazó cualquier modificación «a la carta» del PGOU y aseguró que acudirá a los tribunales «si es necesario». A su juicio, no hay «ninguna justificación» para facilitar la puesta en marcha de este proyecto, que conllevaría «nefastas consecuencias» para la ciudad. Además, consideró que se quiere continuar con años de «prácticas ilegales» para favorecer a «especuladores» y «señoritos de la ciudad».
