Las víctimas del franquismo tendrán un reconocimiento expreso en la futura ley de memoria democrática de Aragón. Además, se ampliará lo que hasta ahora se consideraba como tal para incluir, entre otras, a las mujeres que sufrieron el robo de bebés o a las personas condenadas a trabajos forzados. El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, presentó ayer un texto que será remitido a las Cortes para su debate y posterior aprobación, algo que debería suceder antes de fin de año. «Esta es una norma propia de un Gobierno de izquierdas», afirmó. La presentación de la ley coincidió con el 81 aniversario del golpe de estado que terminó con la legalidad republicana y dio comienzo a la guerra civil.
La nueva definición de víctima del franquismo permitirá que las administraciones públicas detallen medidas específicas de reparación y reconocimiento. Entre otras, la elaboración de estudios y publicaciones, la celebración de jornadas y homenajes, la construcción de monumentos conmemorativos o de cualquier elemento análogo. En el caso de los trabajos forzados se impulsará un estudio histórico sobre aquellas organizaciones y empresas que utilizaron esta condena en su beneficio para que adopten medidas de reconocimiento.
Este reconocimiento se hará extensible a todos aquellos lugares en los que se ejerció violencia contra las víctimas. Se pondrá en marcha un mapa de fosas comunes y se elaborará un protocolo para facilitar las exhumaciones.
En el apartado educativo la norma detalla la inclusión de la memoria democrática en el currículo educativo. También se precisan herramientas de difusión como la creación de una página web. Y en lo simbólico se define el día del bombardeo de Alcañiz -fue un 3 de marzo del 1938- como Día de la Memoria Democrática de Aragón.
El aparato sancionador es otra de las novedades de este texto. Se establecen multas de diversa cuantía tanto a las administraciones que no cumplan con la norma, como a los ciudadanos que actúen contra la ley y dañen rutas, obras o elementos conmemorativos. El rango de multas oscila entre los 200 y los 2.000 euros en las leves, de 2.001 a 10.000 en las graves y de 10.001 hasta 150.000 en las muy graves. Además, las administraciones locales que no retiren los símbolos franquistas no tendrán derecho a recibir subvenciones. En este sentido está prevista la redacción de un listado en el que se recojan aquellos nombres, placas, escudos, insignias o elementos relacionados con la dictadura.
Además, atendiendo a la demanda de «justicia» de las víctimas, el Gobierno de Aragón reclamará al central que actúe para lograr la anulación de los juicios franquistas de forma que se invaliden las sentencias emitidas por órganos de justicia que eran «ilegítimos».
El consejero Guillén explicó que este texto llega diez años después de la aprobación de una ley estatal que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está dotando con «cero euros» año tras año. La norma nace con voluntad transversal y varias consejerías estarán involucradas en su desarrollo. «Ninguna sociedad puede olvidar su pasado si no quiere exponerse a repetirlo», expresó.
La ley todavía deberá superar el debate parlamentario. El consejero recordó que la redacción de la norma ha partido de uno de los compromisos de investidura, por lo que espera lograr, como mínimo, el apoyo de los partidos de la izquierda. Además, destacó que durante la elaboración se ha consultado con todas las asociaciones memorialistas de la comunidad y que en el proceso ya ha recibido más de 600 propuestas de mejora.
