Torre Village no es el primer centro comercial de Zaragoza que está en la picota por la oposición de comerciantes y vecinos. El hipermercado de Alcampo de la plaza Utrillas, situado en el corazón de los barrios de San José y Las Fuentes, es el precedente más llamativo, un polémico capítulo que, sorprendentemente, todavía no se ha cerrado del todo cuando han transcurrido ya 19 años desde que abriera al público esta gran superficie. «Está en un limbo legal porque sigue funcionando sin licencias», aseguró ayer al recordar el caso Vicente Gracia, secretario general de la Federación de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincial (Ecos).
Este caso, con todas las diferencias técnicas y legales que les separan con Torre Village, recuerda mucho al complejo comercial de Utrillas la situación que se puede generar en la antigua factoría de Pikolín. Los jueces dictaron sentencia definitiva en el 2014, cuando este centro comercial llevaba años ya terminado y funcionando. Para decir que nunca debió hacerse así y cuando ya no había remedio. Ahora, aunque está en obras el macro outlet, la Justicia le obliga a parar. Si suspender la ejecución de sentencia le permite terminar la obra y abrir hasta que resuelva el Tribuinal Supremo -en dos años, como mínimo-, ¿no será igualmente inejecutable luego?
PLEITO
Ecos pleiteó contra este complejo desde el 2000. Aunque ganó esta batalla judicial, la victoria nunca se ha hecho efectiva. «El Supremo nos dio la razón hasta en dos ocasiones y aún seguimos esperando que el ayuntamiento tomé una decisión al respecto», afirmó Gracia, que se mostró crítico con la «inacción» del alcalde, Pedro Santiesteve, que heredó este controvertido asunto de los anteriores gestores municipales. El consistorio presentó recurso de amparo al Constitucional en el 2014 y fue inadmitido. «Desde entonces, hemos pedido al ayuntamiento, ya con ZeC, que diga qué va hacer, pero no dice nada», señaló.
En concreto, en el 2014 el Supremo también declaró nulos de pleno derecho los acuerdos por los que el ayuntamiento rechazó un recurso de Ecos y aprobó una «modificación puntual» del plan especial de reforma interior que permitió al híper de Alcampo mantener abierto su sótano comercial. Ocurrió en febrero y abril del 2004, con el fallecido José Atarés (PP) como alcalde, pero la polémica empezó con Luisa Fernanda Rudi en la alcaldía. Esa modificación, según la sentencia, tuvo «como directa finalidad eludir el cumplimiento de la sentencia firme anulatoria de la licencia de instalación de la actividad comercial en planta bajo rasante».
El Supremo descartó la indemnización que reclamaba Ecos para varios pequeños comerciantes. Tampoco estimó probados «los perjuicios morales por la sensación de impotencia y de ver burlados sus derechos» tras pleitear «en defensa de la legalidad urbanística». La federación sostuvo a lo largo del pleito que esa modificación, adoptada en un pleno de urgencia, «no tuvo como objetivo los intereses generales del municipio, sino los intereses particulares de la cadena de hipermercados», y «evitar la responsabilidad patrimonial (...) al haberle concedido una licencia ilegal».
Ya en el 2000, el Contencioso-Administrativo número 1 emitió en una primera sentencia que declaró ilegal la concesión de la licencia por asignar el PGOU un uso de sótano --y no comercial- a la planta bajo rasante, lo que debía conllevar «el cierre de la actividad ilegal». Pero el ayuntamiento modificó el plan de reforma, que sí la autorizaba y el juez concedió la declaración de «imposibilidad de cumplimiento de la sentencia». Solo podía declararlo ilegal el Supremo y lo hizo. Con una indemnización de 300.000 euros (más los intereses) a Ecos por daño moral a los comerciantes. Pero sigue abierto el híper.
