Con un Senado operativo y ágil, conferencias de presidentes autonómicos como la de ayer en Madrid carecerían de sentido. En ausencia de una Cámara Alta apaptada a las necesidades del Estado descentralizado, se convierten en un foro pertinente y útil. Y no tanto por los acuerdos alcanzados o por los anuncios generalistas del presidente de turno, sino por erigirse en un espacio de debate que muestra la pluralidad objetiva del país. Unas diferencias que van más allá de las barreras ideológicas y tienen que ver con los antagonismos medio rural-medio urbano, España interior- España periférica, comunidades forales-comunidades de régimen común, regiones ricas-regiones pobres, etc. Como quedó reflejado ayer en estas mismas páginas, la brecha territorial sigue abierta en un país asimétrico, según todos los indicadores socioeconómicos.

Bajo este prisma, el clima de cordialidad discrepante de los intervinientes en la reunión de ayer se antoja al menos un principio para reequilibrar el Estado desfallecido. Los enfoques para abordar los retos pendientes serán variados, como la naturaleza de los mismos, pero al menos hay un acuerdo para afrontarlos. Claro que hará falta algo más que voluntarismo por parte del Estado, con un Mariano Rajoy que ayer se mostró excesivamente complaciente a la salida del cónclave. Más ocupado con la insolidaridad ausente de Cataluña que preocupado por los problemas comunes del resto, sus buenas palabras sonaron huecas, como le recordó, entre otros, el presidente aragonés, Javier Lambán. Cataluña es un dilema con el que convivir, pero los problemas hay que resolverlos. El fundamental, la nueva financiación autonómica, cuyas negociaciones tienen el camino expedito tras la reunión de ayer en Madrid.

Ahora bien, antes de ofrecer pautas futuras hay que superar aún los perniciosos efectos de la desasosegante legislatura 2011-2015, en la que las comunidades estuvieron a punto de implosionar. Aminoradas por la crisis económica e intervenidas por Hacienda, las cuentas de los Gobiernos regionales no daban abasto para todas las obligaciones contraídas por las autonomías: sanidad, servicios sociales, educación, proteccion civil... Por eso es hora de identirficar lo esencial: marcar de qué cuestiones se ocupa cada administración y cuáles son los límites de cada una de ellas. En un sistema político garantista y solidario, las competencias troncales las deberíamos pagamos entre todos, se presten donde se presten, pero los caprichos debería pagárselos cada cual. Un asunto clave para renovar pactos autonómicos firmes y duraderos pasa por resolver la deuda contraída en este periodo. Frente a lo reclamado ayer por las comunidades más irresponsables, se equivocaría Rajoy mutualizándola sin más. Mancomunar la deuda llamémosle ingnominiosa debería llevar implícito topar futuras decisiones de gasto. Tan importante como dotar los servicios públicos y garantizar que no habrá más recortes es desactivar las veleidades de gobiernos regionales que olvidaron su razón de ser. En la próxima cumbre de presidentes no solo habría que pactar a qué se dedican las comunidades, si- no donde están sus límites.