Los pensionistas españoles han exhibido hoy su fuerza en las manifestaciones multitudinarias que se han celebrado en decenas de ciudades. Zaragoza ha sido el epicentro de las protestas en Aragón, pero ha habido nueve convocatorias más a lo largo de toda la comunidad (Huesca, Teruel, Ejea, Andorra, Monzón, Sabiñánigo, Calatayud y Caspe). El objetivo es exigir al Gobierno que, de una vez por todas, se tome en serio las pensiones y su viabilidad futura. Ha llovido en toda la comunidad pero el agua no ha parado a los miles de ciudadanos que querían protestar por la situación de las pensiones en el país.
Las protestas del 17 de marzo pueden significar un punto de inflexión porque se trata de un colectivo de 8,7 millones de personas, con capacidad de voto, y al que parece que se le ha agotado la paciencia tras comprobar cómo la recuperación de la economía no llega a sus bolsillos. Primero fue el 15-M, un movimiento ciudadano que irrumpió en el año 2011; luego llegó el 8-M de este año, fecha en la que las mujeres exigieron igualdad real; y hoy, los jubilados quieren enmarcar otra fecha para la historia.
La exigua subida de las pensiones, del 0,25% durante los cuatro últimos años, está detrás del malestar de este colectivo. Mientras los beneficios empresariales subieron un 5,2% de promedio en el 2017 (el 17% en las empresas del Ibex), la pensión media apenas se revalorizó dos euros al mes. Y eso, para un jubilado que en algunos casos ha cargado con el coste de la crisis en su familia, se ha convertido en un motivo para la protesta.
Aragón tenía en febrero 276.096 pensionistas que cobraban de media 980,9 euros, por encima del importe medio que reciben el conjunto de pensionistas españoles y es, además, la cuarta con la pensión media más elevada, por detrás de País Vasco, Madrid, Asturias y Navarra. Pese a ello, el 50% de quienes perciben esta prestación pública no llegan al salario mínimo interprofesional (707,70 euros al mes en 14 pagas en el 2017) y el 38% vive por debajo del umbral de la pobreza, según los datos que manejan las organizaciones sindicales. Alrededor de 30.000 pensionistas aragoneses cobran menos de 600 euros al mes.
UN FUTURO INCIERTO
El Gobierno del PP trató de poner paños calientes esta semana con la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que anunció una incremento de las pensiones mínimas y de viudedad, con la condición de que los grupos parlamentarios apoyen al Ejecutivo en la aprobación de los presupuestos del 2018. También ofreció ayudas a través del IRPF para pensionistas y familias. Pero ese caramelo no parece que vaya a frenar la marea de jubilados que se esperan hoy en las calles de toda España.
Además, los sindicatos advierten de que la aplicación del factor de sostenibilidad a partir del 2019 (un ajuste a la baja de las nuevas pensiones teniendo en cuenta la esperanza de vida) puede reducir la cuantía de la prestación entre un 35 y un 40% en los próximos 20 años. Es decir, el que ahora cobra mil euros podría percibir poco más de 600 en el plazo de dos décadas.
Otra de las reivindicaciones de hoy será impedir que la relación entre la pensión y el último salario, la denominada tasa de sustitución, caiga como está previsto del 80% al 50% en los próximos años. También se busca evitar que el sistema de pensiones actual pase a depender de las pensiones privadas y que el sistema de pensiones sea exclusivamente un sistema asistencial.
Ante estas incertidumbres, los sindicatos han apelado al diálogo y a la necesidad de convocar ya el Pacto de Toledo para buscar soluciones a largo plazo.
