Cuando la semana pasada el juez Picazo redactó el auto de imputación contra Agapito Iglesias asegurando que el empresario elevó en 14 millones el precio de la construcción de unas naves en Plaza y se puso de acuerdo con el exviceconsejero de la DGA Carlos Escó y con el exgerente de la plataforma Ricardo García Becerril para repartirse el sobrecoste, las investigaciones del caso Plaza dieron un salto notabilísimo que se concretó ayer con un nuevo auto del magistrado en el que impone a los tres imputados el abono de casi 19 millones de euros en concepto de fianza. Desde una lógica procesal, carecía de sentido que la alarmante sospecha de contubernio económico lesivo para las arcas públicas manifestada en el primer auto no llevara aparejada medidas cautelares contra los aludidos, por mera contraposición con la situación de otros de los imputados en las causas que se investigan respecto de Plaza. Mientras los ejecutivos de Acciona encartados en la pieza principal o los propios familiares del exgerente han sido coartados con la entrega de pasaportes o con la obligación de presentarse periódicamente en los juzgados, sobre los tres presuntos implicados en el denominado caso pagarés no había recaído garantía alguna pese a ser señalados por compincharse en el reparto de millones de euros. Así las cosas, el auto, por exagerado que pueda parecer, guarda relación con las gravísimas imputaciones formuladas en el primer documento judicial.

También desde una lógica política es acertada la decisión de los grupos políticos de las Cortes de Aragón de abrir una comisión de investigación que indague por qué fallaron los controles institucionales que permitieron el encadenamiento de situaciones presuntamente irregulares como las que hoy se dirimen en los juzgados. Al margen de la responsabilidad penal de cada uno de los imputados, la gravedad de las actuaciones judiciales pone de manifiesto que el procedimiento no funcionó correctamente, y es obligación de quienes hoy ostentan la representación pública analizar a fondo el asunto. El Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi, que frenó en otoño la creación de la comisión, se ha dado cuenta de que el verdadero escándalo hubiera sido paralizar de nuevo la investigación parlamentaria. Del mismo modo que el PSOE de Javier Lambán vio claro que no podía encerrarse en la defensa numantina de una herencia que se ha ido envenenando con el paso del tiempo. No se debe prejuzgar ni a los imputados por hechos que aún se están sustanciando en los tribunales ni a los responsables institucionales de la plataforma, pero sí conviene poner luz y taquígrafos hasta conocer el último detalle de lo sucedido en Plaza. Es de una lógica aplastante.