El sector de las residencias privadas está siendo asfixiado por la crisis económica, pero también por la falta de concertación de plazas a la que se comprometió el Gobierno de Aragón a través de un acuerdo marco que, según la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), no se ha cumplido ni en un 7%. Este colectivo, que aglutina a 25 centros privados con un global de más de 1.500 plazas, mantendrá una reunión de hecho con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para tratar de encarrilar una situación que está llevando al sector a un "momento crítico" porque no hay ayudas y las pensiones "se han convertido en modo de subsistencia para la familia del usuario".

Fuentes del Gobierno de Aragón indicaron que esta cifra no se corresponde con la realidad y que, de hecho, se acaban de conceder 100 nuevas plazas concertadas, a las que se sumarán otras 150 la próxima semana. Sí indicaron, sin embargo, que su prioridad es "llenar" los centros públicos.

ENCUESTA

La denuncia de las residencias privadas se ha plasmado en un informe elaborado a partir de una encuesta a los centros, realizada entre los meses de enero y marzo del 2013. En este diagnóstico se revela que existe una gran preocupación entre los directores y gerentes por las consecuencias que "la falta de planificación y la descoordinación de las administraciones" en la concertación.

Porque, indican desde el colectivo, a la falta de plazas concertadas se unen también el retraso en la concesión de prestaciones y la caída de la ocupación, lo que deja al sector "en una situación precaria" que podría conllevar incluso "un posible cierre" de algunos centros. De este modo, las residencias detectan de forma continuada casos de familias que sacan a sus mayores de los centros ante sus precarias condiciones económicas. "Lo primordial es la economía familiar y por eso se han acomodado los costes de los centros", asegura el gerente de Arade, Carlos Ferrer.

De hecho, esta es una de las conclusiones del informe elaborado por el colectivo. El 100% de los encuestados asegura que ha ajustado o reducido el precio de sus plazas para hacer posible el acceso de nuevos usuarios, en algunos casos hasta un 30% y aún así consideran que no es suficiente. Sin embargo, de no haber realizado este ajuste, tendrían un índice de desocupación, que ahora se sitúa entre el 20% y el 25%, del 45%. De este modo, según apunta Ferrer, el coste medio de una plaza ronda ahora los 1.400 euros mensuales, mientras que en la época precrisis esta cuantía ascendía a los 1.700 o 1.800 euros.

"Una plaza en el sector privado le sale mucho más barata a la Administración. El coste por día en el acuerdo es de 48,6 euros, es decir, unos 1.400 euros mensuales, mientras que una plaza en un centro público cuesta alrededor de 3.000 euros", argumenta Ferrer. Pero la prioridad es llenar primero los centros públicos, lo que implica que haya traslados desde las residencias privadas a las del IASS una vez que se les concede esta prestación. También una queja formal que han presentado algunos centros residenciales.

PEORES SERVICIOS

Asimismo, el 95% de los encuestados considera que el desarrollo de la Ley de la Dependencia no está siendo el esperado y que ha habido un exceso de oferta de centros --algunos que incluso incumplen la normativa-- lo que ha provocado un empeoramiento en la prestación de los servicios. Además, se detecta como una amenaza la "competencia desleal" de ciertas fundaciones que también conciertan plazas con la Administración autonómica.

Según los datos proporcionados a Arade, el sector privado cuenta con 7.110 plazas ---globalmente hay 17.183 en todo Aragon--, de las que debían concertarse a través del acuerdo marco un total de 2.214.

En este sentido, el colectivo reclama a la Administración que incremente el número de prestaciones vinculadas al servicio --se proporciona una cuantía económica para que el beneficiario vaya a un centro privado ante la falta de plazas en uno público-- como "la mejor opción y solución".