Cada tarde, cuando se pone el sol y empieza a refrescar en Callosa de Segura, la octogenaria Tere Agulló enciende un proyector su casa, ubicada en la plaza mayor de este pueblo alicantino. Pero no lo enfoca a su pared, sino a la de enfrente de su balcón, a la de la fachada de la Iglesia de San Martín, y lo que reproduce es una silueta a tamaño real de la Cruz de los Caídos, retirada hace unas semanas de ese lugar por el ayuntamiento de la localidad para cumplir con la ley de la memoria histórica.
La secuencia diaria se completa cuando un policía municipal se acerca a su portal, toca el telefonillo y le entrega una multa de 100 euros, pues está prohibido por las ordenanzas municipales realizar proyecciones en la vía pública sin permiso.
Tampoco tenía permiso la concentración de un centenar de personas que se congregaron el pasado 10 de marzo para asistir a lo que la Plataforma en Defensa de la Cruz anunció como la «resurrección» del monumento. Ni Agulló ni la plataforma en su nombre han pagado ninguna de las sanciones aunque se ha impulsado una campaña para detener lo que se aseguran es un «acoso» por parte del consistorio.
Tras tres intentos fallidos por la presión de los partidarios de la permanencia del monumento, el ayuntamiento inició el 29 de enero los trabajos para retirarlo. Lo hizo de madrugada, amparado por un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó la detención de dos militantes de la Falange, y con suspense, pues el Tribunal Superior de la Comunidad Valencia (TSJCV) ordenó durante unas horas paralizar unos trabajos que finalmente permitió acabar. La cruz y el pedestal están ahora en el almacén de un museo municipal.
Antes de la acción de Agulló apareció en la plaza una cruz de madera de grandes dimensiones. También han aparecido pintadas de la silueta del monumento en las casas de concejales del tripartito de izquierdas que gobierna el consistorio.
