Representantes de los Servicios Jurídicos y de la Dirección General de Tributos del Gobierno de Aragón participó ayer en una vista oral convocada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo con el objetivo de informar sobre el impuesto de grandes superficies, puesto en marcha por el ejecutivo en el 2005 y que reporta anualmente a las arcas pautonómicas alrededor de seis millones de ingresos anuales.
El denominado Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por Grandes Áreas de Venta, que grava la actividad de las marcas comerciales que superan los 2.000 metros cuadrados de superficie y cuentan con plazas de aparcamiento, fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, que falló a favor de la comunidad.
Con posterioridad, la Asociación Nacional de Grandes Establecimientos de Distribución (ANGED) impugnó ante el Tribunal Supremo tanto el decreto como la orden que desarrollaban el impuesto, informan fuentes del Gobierno de Aragón.
Con el objetivo de poder dirimir si el tributo supone una vulneración de la libertad de establecimiento o una ayuda de Estado -que, de serlo, beneficiaría a las pequeñas y medianas superficies comerciales-, el Supremo planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Gobierno de Aragón, que ha comparecido junto a los representantes de Cataluña y Asturias (que también aplican el impuesto), considera que en ningún caso se trata de ayuda de Estado dado que en el caso de los pequeños y medianos comercios no concurre una incentivación del uso de los vehículos particulares, con lo que se evita la afección medioambiental y, por lo tanto, no deben ser objeto del gravamen.
Durante el proceso judicial abierto en el Supremo, y también a instancias de ANGED, la Comisión Europea inició una investigación con el objetivo de analizar la posible consideración de ayuda de Estado o la vulneración de la libertad de establecimiento.
Tras las negociaciones que ha mantenido el Gobierno de Aragón con la institución europea, que pasaban por algunas pequeñas modificaciones del impuesto, y ante la intervención del Tribunal Superior de Justicia, la Comisión decidió paralizar cualquier posible acuerdo.
Una vez concluida la vista de esta mañana, se abre un compás de espera hasta conocer la decisión de la corte europea, que el Gobierno de Aragón cree que se dilatará más allá de finales de 2017.
El Ejecutivo autonómico ingresa de media cada año en concepto del Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por Grandes Áreas de Venta una media de seis millones de euros
