La batalla fiscal no da tregua. Más bien todo lo contrario. El anuncio realizado recientemente por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que anticipa una rebaja de medio punto en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta (IRPF), ha abierto (otra vez) la caja de los truenos en algunos territorios que ven cómo esa competencia se traduce en una progresiva fuga de empresas hacia la capital de España. En Aragón, por ejemplo, en los últimos cinco años, un total de 781 compañías han cambiado su domicilio social a otra comunidad, y el 44% (344 sociedades) ha decidido hacerlo a Madrid. Cataluña, la segunda autonomía que más empresas ha atraído desde el 2015, captó 187 compañías de Aragón, es decir, casi la mitad de lo que lo hizo Madrid. A mucha distancia se situaron la comunidad valenciana, con 64 negocios, Navarra (43) y País Vasco (31).
Pero en el 2019 el porcentaje de fugas hacia Madrid fue mayor, con un 53% del total (79 de las 147 compañías que salieron). Sea como fuere, esta tendencia no varía desde hace ya varios años y se mantuvo en los seis primeros meses del 2020, en el que 36 sociedades (de un total de 75) se mudaron a la comunidad presidida por Díaz Ayuso, según los datos del Estudio sobre Cambios de Domicilio, publicado por Informa D&B, compañía filial de CESCE.
«Estamos en un escenario de federalismo fiscal», sostiene el director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau, que considera que la competencia fiscal es un asunto «grave» porque «no existe una regulación homogénea» en esta materia. Por ello, la patronal aragonesa apuesta por un «pacto de Estado» para establecer tributos comunes entre las distintas autonomías españolas. A su juicio, Madrid está aplicando una política fiscal «agresiva».
El director general de la organización empresarial cree, en este sentido, que Aragón es una de las comunidades «más perjudicadas», al tiempo que ve necesaria una rebaja de impuestos porque, de lo contrario, la reactivación de la economía se retrasará más. «En siete meses hemos perdido las mismas empresas que se crearon en los últimos cinco años», apunta Arnau, en alusión directa a una información publicada por este diario esta misma semana.
El tramo autonómico del IRPF de Aragón se encuentra entre los más altos de España. Así, por ejemplo, los aragoneses con rentas entre 20.000 y 30.000 euros (las más numerosas) son los segundos que más pagan en toda España por detrás de los catalanes. Y los aragoneses con rentas de 45.000 euros son los terceros que más pagan tras los navarros y extremeños. Es solo un ejemplo. En el 2020 Aragón se sitúa como la tercera comunidad que más grava por el impuesto de donaciones, solo por detrás de Castilla y León y Extremadura, mientras que en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados figura en el grupo con los tipos más elevados (ver gráfico comparativo con Madrid). Son los últimos datos que maneja CEOE Aragón.
El caso es que en España las diferentes autonomías tienen margen para regular determinados impuestos, aunque la mayor carga tributaria la fija el Estado. Pese a ello, este pequeño margen puede significar un importante ahorro de costes para las empresas y los particulares, en función del territorio en el que se ubiquen. Es lo que se conoce como dumping fiscal, que provoca que las diferentes autonomías se peleen por atraer a las empresas.
En el caso de Aragón, la localización estratégica (en el epicentro del noreste de España, considerada la zona más rica del país), su paz social, unos costes laborales razonables y la buena disponibilidad de capital humano son razones de peso para atraer compañías nacionales y extranjeras. Pero la competencia fiscal juega en su contra. En las últimas décadas, los regímenes especiales de las comunidades de Navarra y el País Vasco motivaron el traslado del domicilio social de un buen puñado de compañías. Y eso supuso pérdida de riqueza y, principalmente, de ingresos para las arcas autonómicas. Ahora, la gran amenaza es Madrid.
Los profesores titulares del departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, Rafael González Val y Miriam Marcén, autores también del estudio ¿Votan los españoles con los pies ante el dumping fiscal? El caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aseguran que las autonomías tienen ese margen fiscal para aplicarlo. «Por lo general, las comunidades que tengan los impuestos más elevados serán las que tienen una mejor prestación de servicios», recalcan. Y subrayan que el traslado de empresas aragonesas a otros territorios ya comenzó en los 80 y 90 con la marcha hacia Navarra y País Vasco por sus mejores condiciones fiscales.
El 62% de las firmas que llegan proceden de Cataluña
La inestabilidad política ha impulsado el traslado de empresas de Aragón a Cataluña en los últimos años hasta el punto de que, de las 830 que han llegado a la comunidad desde el 2015, 520 proceden de la región vecina y solo 188 de Madrid.
A pesar de ello, el efecto del desafío soberanista comienza a diluirse, ya que hasta julio del 2020 solo se han localizado en territorio aragonés 28 sociedades catalanas. La mayor cifra se registró en el 2018 con la atracción de 194 compañías a Aragón de un total de 290. El pasado año llegaron 52.
De los 4.951 cambios de domicilio social registrados en el 2019 en toda España, casi 2.000 tuvieron como destino Madrid. Las siguientes en la clasificación fueron Cataluña con 566 entradas y Valencia con 457.
