Era todo tan bonito y tan de color rosa; corría tanto y tan bien el dinero que fluían los proyectos y Aragón parecía crecer hacia el infinito y más allá. Y de sopetón la vida política de la comunidad, que pacía plácidamente por el Parlamento se ve desperezada por el caso Plaza, de consecuencias cada vez más imprevisibles. Todos los partidos, y también el Gobierno, reconocen que tiene "mala pinta". Esta misma semana PSOE, CHA e IU podrían reunirse para poner en marcha una comisión de investigación que rechazó el PP hace unos meses.

Desde el Gobierno mostraron ayer su "sorpresa" por los derroteros que está tomando el caso. Insisten en que hay que dejar que el asunto siga su curso, y admiten que "cuesta creer" que alguien se llevara dinero.

Más tajantes se revelan en el PP. Su portavoz en las Cortes, Antonio Torres, insistió en que la prioridad debe ser recuperar el dinero. "Son 100 millones". Y pasa al ataque; recuerda las palabras del secretario general del PSOE, cuando se refierió a la presunta implicación del exviceconsejero de Obras Públicas, el socialista Carlos Escó. Javier Lambán dijo que solo eran cuestiones administrativas y presumió de la herencia de Marcelino Iglesias. Bueno, esta es la herencia". Los populares, sin embargo, no pueden evitar mirar hacia la bancada socialista, poblada por responsables de los gobiernos de Iglesias. E incluso por la que fue consejera de Presidencia, candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, y mujer de Carlos Escó, Eva Almunia. Sin embargo, fueron los populares los que impidieron que se constituyera una comisión de investigación sobre esta cuestión, que ahora se pretende reactivar para dilucidar posibles responsabilidades políticas.

El PSOE, en principio, preferiría esperar a que concluyera la instrucción del caso, aunque si CHA e IU toman la iniciativa, se verán forzados a aceptar. El portavoz socialista, Javier Sada, insiste: "Nosotros defendemos la absoluta transparencia, mostramos nuestro absoluto respeto a la investigación judicial y que siga el proceso hasta dónde sea. También exigimos al Gobierno de Aragón que aporte todo lo que tenga que aportar". Ayer, Lambán ante los medios recurrió a que el asunto está subiudice para no pronunciarse. El entorno del consejero de Obras Públicas durante los años en los que presuntamente ocurrieron los hechos investigados, Javier Velasco, asegura que "está tranquilo", al igual que su sucesor, Alfonso Vicente, aunque el caso Plaza vuelve a poner en entredicho el papel de los consejos de administración de empresas públicas, en las que sus miembros fueron incapaces de detectar o frenar los presuntos desmanes cometidos. Y ese consejo estaba formado por dirigentes que hoy continúan en filas socialistas pero también en las populares y el actual Gobierno.

Ya nadie duda de que el caso "excede el ámbito técnico y administrativo" como se pensó en un primer momento. "Se están traspasando las líneas rojas y hay que reaccionar cuanto antes", admite el presidente de CHA y portavoz en las Cortes, José Luis Soro. Ese reaccionar significa que la próxima semana podrían reunirse los tres grupos de la oposición para impulsar una comisión de investigación en el Parlamento.

Patricia Luquin, portavoz de IU, es la promotora de la comisión de investigación que este partido ya pidió hace varios meses. IU confiesa que en ocasiones se ha sentido "sola" en esta cuestión, que copó largas horas de debate en la anterior legislatura y del que, sin embargo, apenas se ha debatido esta legislatura. Tanto el PP como el PAR aluden al "interés general" de Plaza para que la investigación judicial no perjudique un proyecto que siguen considerando estratégico.