Entre 250.000 y 300.000 empleados públicos podrán consolidar su plaza en los próximos tres años como consecuencia del acuerdo para reducir la temporalidad firmado ayer por los sindicatos CSIF, CCOO y UGT y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El pacto no supone que se cree empleo en las administraciones públicas, que según los sindicatos, han perdido 360.000 trabajadores por la crisis. Tampoco supone aumento de gasto. Sí permite regularizar la gran bolsa de interinidad que tienen todas las administraciones, que ha sido cuestionada por los tribunales de justicia, que han condenado a las administraciones a igualar la indemnización por despido de los interinos a la de los fijos.
El acuerdo deberá ser ratificado por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que deberán poner en marcha las oposiciones para que los actuales internos consoliden sus plazas. El decreto de oposiciones se aprobará este viernes, de forma prioritaria para el sector de enseñanza con el fin de que los afectados se incorporen a las plantillas al comienzo del próximo curso escolar.
El acuerdo tiene por objetivo que la temporalidad baje del 20% al 8% y afectará al 90% de los empleados que actualmente realizan su trabajo de forma interina. El resto de las plazas probablemente se abran a concurso libre.
DISTRIBUCIÓN
Sanidad y Justicia son otros sectores con más trabajadores interinos. Las cifras varían y ni el Gobierno de España ni los distintos sindicatos, ni las administraciones autonómica y municipal son capaces de dar una cifra exacta ni idéntica. Como aproximación, los datos que Hacienda ha puesto sobre la mesa de negociación señalan que en sanidad hay 144.111 interinos, en educación, 109.785, y en la administración de justicia la cifra asciende a 9.515. En total, el número de interinos se eleva 263.411.
Si la regularización alcanza al 90%, al final del trienio un total de 237.070 trabajadores tendrán consolidada su plaza. De ellos, 129.700 correponderían al sector sanitario, otros 98.807 serían de educación y un total de 8.564 de justicia.
A ello habría que añadir que el personal de estos servicios no trasferidos a las comunidades autónomas, los de la red hospitalaria militar y las administraciones de justicia de las autonomías que no tienen trasferidos los servicios.
SALARIOS Y DERECHOS
Si se suma a los trabajadores de los servicios sociales y policías locales (en las islas Baleares hay interinos cumpliendo esta función) también la cifra total de estabilización del empleo afectaría a entre 269.445 y 299.384 empleados públicos españoles.
El Gobierno de España y los sindicatos no han logrado un acuerdo en materia de salarios, por lo que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado recogerá el incremento del 1% que propone el Ministerio de Hacienda inicialmente. Los grupos parlamentarios en las Cortes presentarán enmiendas en el debate de las cuentas, aunque el Partido Popular y Ciudadanos, entre otros, se opondrán a todo lo que suponga aumento de gasto para las administraciones.
Hacienda todavía no ha decidido cómo pagar los atrasos de esta subida que tiene efectos desde el 1 de enero pasado. Probablemente sea de una sola vez en el mes de julio, ya que hay que esperar a que los Presupuestos del Estado sean aprobados por las Cortes en el mes de junio.
JORNADA DE 35 HORAS
Pese a que por primera vez desde la crisis el Ejecutivo ha flexibilizado la negociación en la función pública, el acuerdo no ha sido posible en los temas referidos a los derechos laborales. Por ello, los empleados públicos aún no recuperarán la jornada de 35 horas que tenían antes de los recortes que impuso el Partido Popular en el 2011. Tampoco se les suprimirán los descuentos en la nómina por baja laboral.
