El Gobierno central y el de Aragón escenificaron ayer una reunión bilateral con más compromisos y buenas palabras que acuerdos concretos. Entre estos destacaron la reactivación del proyecto de elevación de aguas en Andorra, vital para la reindustralización de la zona en la época postérmica, pero que llevaba más de una década parado. Y la retirada parcial de un recurso ante el Constitucional que, a efectos prácticos, da vía libre a la DGA para requerir vivienda vacía a bancos e inmobiliarias si la emergencia social lo requiere.

Fueron de las pocas medidas concretas anunciadas ayer tras las cerca de dos horas de encuentro entre los representantes del Estado (la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet, la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez y otros secretarios de Estado y técnicos de alto nivel) y del Gobierno autonómico (los consejeros de Presidencia, Hacienda, Economía, Vertebración del Territorio, Educación y Medio Ambiente) en el edificio Pignatelli de Zaragoza.

La reunión fue una puesta en escena de unos acuerdos que llevaban cocinándose al menos 15 días, según expuso el consejero Vicente Guillén. Así justificó el comparecer ante los medios a mitad de encuentro.

POCO CARBÓN

Uno de los asuntos sobre los que se esperaban anuncios, el futuro de la central térmica de Andorra, se saldó con una medida que le afecta de forma tangencial. El Gobierno de España asumirá las obras de la segunda fase de la elevación de aguas del Ebro en Andorra, que tras la inversión de 22 millones de euros por parte del Gobierno de Aragón hace diez años, recordó Guillén, costaría otros 20 millones, según el proyecto del Instituto Aragonés del Agua. La ministra Batet no se atrevió a concretar plazos, pero sí aseguró que al asumir la competencia el Estado a través de la empresa Acuaes, al menos no habrá trabas de proyecto presupuestario para esta infraestructura,.

Respecto a la central térmica, sin embargo, recordó que «no existía como concepto en el orden del día», y que en la reunión a lo máximo que se llegó fue a una «reflexión». Que «seis años de desidia y poca previsión por parte del Gobierno de España (del PP) lo que hacen es demostrar que al final los problemas estallan de modo sorpresivo».

En cuanto a medidas concretas, apuntó, en la línea que antes había seguido el consejero Guillén, que el cierre -que aún no ha sido presentado por la empresa al Gobierno- deberá llegar acompañado de un plan en el que la compañía debe «involucrarse», con medidas vinculadas a los trabajadores y la zona.

Por otro lado, el Ejecutivo central dará vía libre a que la DGA se quede las viviendas de inmobiliarias, bancos y otros grandes tenedores -con 15 propiedades- que procedan de desahucios y lleven más de medio año vacías, si no hay parque público de vivienda disponible para realojos de emergencia. Así lo certificó ayer la ministra Batet, al anunciar que retirarán el recurso ante el Tribunal Constitucional respecto a este tema. Pero mantendrán el resto, relativos a la suspensión de desahucios por vulnerabilidad, ya que hay visos de que invaden competencias estatales.

El otro teórico gran protagonista de la cita iba a ser las infraestructuras, pero lo único que se apuntó es que ambas administraciones «analizarán los acuerdos de la última bilateral y su grado de ejecución», detalló Batet, de forma que Fomento completará un informe sobre cómo van las obras, y ambas administraciones decidirán prioridades «atendiendo al presupuesto».

Este análisis de evolución incluye los desdoblamientos de la N-II y la N-232, la variante de Alcorisa, el Canfranc, el corredor Cantábrico-Mediterráneo e infraestructuras hidráulicas como el plan de prevención de inundaciones del Ebro y el sistema Monegros II, entre otros.