Las entidades y sociedades integrantes del sector público autonómico deberán comunicar, a través de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, a la comisión de conflictos de intereses los nombramientos y ceses que efectúen correspondientes a puestos de trabajo cuyo titular esté incluido en el ámbito de aplicación de la ley del presidente.

Deberá determinarse qué departamento tendrá competencias en los conflictos de intereses. Aunque todo apunta que será la consejería de Presidencia.