El decreto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se tramitará como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Así lo manifestaron ayer fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo dio el visto bueno a estas medidas en un real decreto-ley el 3 de agosto pasado, un sistema que provocó malestar en determinados círculos, ya que supone variaciones en textos legales como la Ley de Bases del Régimen Local, la de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y también el Código Civil.

Los decretos-ley pueden ser tramitados en el Congreso como tales si así lo pide algún grupo con representación y se granjea el apoyo de la Cámara. El grupo socialista, en este caso, ha solicitado la tramitación como proyecto de ley en esta iniciativa particular. Al enfocarse como proyecto, los grupos pueden aportar cambios en la redacción establecida por el Ejecutivo.

La compulsación del decreto-ley se llevará a cabo en el pleno del 13 de septiembre, dentro de los 30 días hábiles establecidos por la normativa vigente para estos supuestos. Tras su convalidación se abordará como proyecto de ley.

Entre las modificaciones que se recogen se halla la ampliación de los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género. Se trata de que varias instituciones, y no solo el ministerio fiscal, acrediten u otorguen el reconocimiento de las víctimas de la violencia machista. De esta forma, se consigue que la única vía posible no sea la judicial exclusivamente.

Asimismo, se prevén ayudas del Gobierno central que resulten compatibles con las de otras instituciones, como las locales y las autonómica.

Finalmente, el real decreto-ley contiene una modificación del Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, en los supuestos en que los padres estén incursos en actos contra la integridad física.