En plena jornada de paros de los trabajadores del autobús urbano de la ciudad, y bajo la amenaza de convocar una huelga más dura, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido sacar a concurso público un estudio que analice los costes que podría originar la disminución de la velocidad comercial de los buses y su correspondiente ampliación de las frecuencias y tiempos de espera en las paradas. Esta es precisamente una de las principales reivindicaciones de los conductores que les ha llevado a convocar paros en más de una ocasión.
El consistorio paga a la empresa que se encarga de su explotación, Grupo Avanza, por cada kilómetro realizado por sus vehículos, por lo que la idea de que recorran menos kilómetros pero en más tiempo va a ser difícil de negociar entre el ayuntamiento y la concesionaria.
El consistorio sabe que cualquier cambio de este tipo tiene que cumplir escrupulosamente con la ley y el contrato para que la empresa no reclame, así que el área de Movilidad ha decidido auditar y analizar los costes acreditados por la empresa en aplicación a las condiciones contractuales y teniendo en cuenta «la viabilidad jurídica» que existiría para poder aplicar estos cambios.
Por ello, desde Movilidad plantean que se analice la estructura financiera del servicio y se realicen los ajustes económicos que procedan para poder aplicar nuevos cuadros de marcha y cumplir así con una reivindicación histórica.
Con el estudio, el consistorio quiere averiguar el precio y el ahorro que generaría a las arcas municipales una ampliación de las frecuencias, o lo que es lo mismo, del tiempo que tienen los conductores para realizar el trayecto de principio a final de línea, ahora muy «ajustado», según los conductores.
El ayuntamiento destinará 14.999 euros para este análisis, que la empresa ganadora del concurso tendrá solo un mes para realizar. Un tiempo ajustado relacionado con la cercanía de las elecciones.
