La demanda de combustible siempre ha sido un fiel termómetro de la actividad económica. Por eso, el consumo no dejó de caer durante los años más duros de la crisis. Las ventas, sin embargo, comenzaron a repuntar el pasado ejercicio en el conjunto del país, una reactivación que no ha llegado a la comunidad. De hecho, el consumo de diésel en el 2016 en Aragón cayó un 2,3% respecto al 2015, mientras que en el conjunto del país subió un 2,9%.
La Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar) asegura que la bajada registrada en la comunidad se debe a la aplicación del nuevo impuesto autonómico sobre los carburantes, puesto en marcha en enero del 2016 y que, en su opinión, ha generado un efecto frontera. «Hay una fuga de clientes muy clara a regiones vecinas que no aplican el gravamen», asegura la presidena de Aesar, Pilar Soto.
Durante los cinco primeros meses del 2016 se mantuvo ese desequilibrio respecto al conjunto del país. Así, entre enero y mayo se consumieron en Aragón 361.927 toneladas de gasóleo, frente a las 365.605 del mismo periodo del 2015, un año en el que la crisis aún apretaba con fuerza.
Por todo ello, la patronal pide a la DGA que deje de aplicar el tributo, no solo por los efectos en las ventas de las gasolineras, también porque considera que al caer el consumo la comunidad pierde recaudación en concepto de IVA. Navarra lo eliminó a principios de año, sumándose a Castilla y León y La Rioja, que tampoco lo aplican. «En algunas estaciones cerca de Soria las ventas han caído casi un 30% y las gasolineras de carretera también lo están notando porque los transportistas tienen tanta autonomía con sus depósitos que repostan donde más barato les sale», insiste Soto.
Tras la implantación del impuesto, Aragón dejó de liderar el ránking de las regiones con el combustible más barato, aunque todavía es la sexta con el diésel más económico.
Todo ello, unido a la proliferación de las estaciones sin personal, ha elevado el pesimismo del sector. No en vano, Soto ya augura cierres y pérdida de empleo.
La patronal estima que desde el 2008 han cerrado en la comunidad unas 50 gasolineras, la mayoría en el medio rural. «La llegada de tantas gasolineras low cost aún nos lo está poniendo más difícil; lo que pedimos es que se regule el sector porque generan inseguridad (fugas de carburante o averías) y porque hay muchos empleos en riesgo», apunta Soto.
Recientemente, UGT calculó que unos 65.000 trabajadores que trabajan en las estaciones de servicio atendidas «están viendo amenazados sus empleos» por la proliferación de gasolineras desatendidas. La central calcula que esta modalidad ha destruido al menos unos 2.700 puestos en los dos últimos años, mientras paralelamente se abrían 500 gasolineras sin personal.
Por todo ello, los sindicatos UGT y CCOO, las patronales CEEES (donde está Aesar) y Aevecar y la Confederación de Personas Discapacitadas (Cocemfe) han iniciado una campaña conjunta con el objetivo de recabar las 500.000 firmas necesarias para poner en marcha una iniciativa legislativa popular (ILP) a favor de lo que llaman «gasolineras atendidas y seguras».
En el 2015, una ley obligaba en Aragón a tener siempre un trabajador en las gasolineras, pero el año pasado se modificó dejando en el aire el reglamento.
