El juicio por el incendio de la residencia Santa Fe no solo servirá para determinar la culpabilidad o inocencia de María de Carmen Alejandre, sino quién y en qué cuantía debe indemnizar a los familiares de las víctimas mortales y heridos. Para ello hay casi un millón de euros consignados desde la instrucción del caso, pero su reparto no será sencillo.

Como bien señalaron los abogados al inicio de la vista, es imposible valorar la vida de un ser querido, y desde luego no es tarea del jurado cuantificarlo, pero sus opiniones sí servirán de guía para que el magistrado presidente dictamine quién es responsable. El juez instructor del caso mantuvo como tal al Gobierno de Aragón, no así al Ayuntamiento de Zaragoza, que solo se encargó de la licencia provisional de apertura, por proximidad, pese a que no estaba en el término municipal.

Después de que la Fiscalía tampoco viese responsabilidad en la DGA, varias acusaciones particulares retiraron su petición por lo penal y, en algunos casos, se han reservado acciones civiles. Otras la mantienen, como la aseguradora de la residencia, representada por Alberto Delgado.

Ahora será tarea de los letrados de las familias, como Guillermo Palacín o Xenia Cabello, indagar quién falló, si lo hizo alguien, en la prevención del siniestro.