El Ministerio de Justicia entregó ayer a los familiares de once víctimas del franquismo que están enterradas en el Valle de los Caídos un certificado de reparación. Es la primera vez que en el periodo democrático actual el Estado pide «perdón» y asume «la responsabilidad de las muertes». La siguiente fase, según reclamaron los descendientes de los fusilados, debería ser la anulación de las sentencias.
«Los cuerpos nos cuentan la historia, un testimonio latente que debe ser contado a través de su reencuentro con los seres queridos», aseguró la ministra Dolores Delgado. Y añadió que con la entrega de los certificados «se recupera la memoria frente al silencio y el olvido, y se refuerzan los valores democráticos poniendo fin a una injusticia histórica».
Además, destacó el proyecto de creación de un banco estatal de ADN para poder identificar a los familiares que siguen en paradero desconocido. «Se hace desde el Ministerio de Justicia porque es necesario localizar a los olvidados, a estos héroes que dieron la vida por la democracia y que algún día serán devueltos a sus familias», indicó.
Delgado destacó que en los últimos meses se ha tenido una «sensibilidad sin precedentes en la historia de la democracia» gracias a la cual se ha puesto en marcha «una compleja operación para la creación de un banco nacional de muestras genéticas que permita la identificación de los «miles de cadáveres» de víctimas de la guerra civil y el franquismo que aún permanecen «tirados». La socialista puso especial énfasis en ese término al considerar que un entierro digno es lo que reclaman las familias.
UNIFICAR REGISTROS
Desde el Ministerio de Justicia se citó ayer en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) a los responsables de los laboratorios de ADN y memoria histórica de los territorios de Extremadura, Islas Baleares, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana para avanzar en la unificación de registros, una medida de cooperación entre administraciones públicas por la que también se apuesta desde el Gobierno de Aragón.
Más allá del plan general para recuperar cuerpos, prestó especial atención a los familiares de las personas enterradas en Cuelgamuros. «La fosa más grande de España es el propio Valle de los Caídos, en los que yacen los restos de 33.833 personas, de ellas 18.000 vinculadas con el bando republicano, reivindicar su memoria es un ejercicio de reparación, de justicia y de verdad», afirmó Delgado.
Además, varios colectivos relacionados con la memoria histórica presentaron ayer ante el Congreso de los Diputados una solicitud para que la reparación de las víctimas esté reconocida en la legislación.
