Sorprendió Juan Carlos I el pasado lunes anunciando que abdicaba. Eligió el 2 de junio para dar a conocer su decisión a los españoles. Como ya publicó este diario, la fecha escogida obedecía a distintas razones: se esperó a que la salud del Rey se recuperara; a que pasasen las europeas para no eclipsar el proceso electoral y se procuró hacerlo antes del día fijado para la consulta soberanista y las primarias del PSOE.
Se intentó pues que el calendario de la sucesión en la jefatura del Estado quedase al margen del espinoso debate territorial ligado al proceso soberanista catalán. Pero se ha impuesto un efecto bumerán: la inminente sustitución de Juan Carlos I por Felipe VI ha servido de excusa a Izquierda Unida (ansiosa por despegarse de Podemos y aprovechar la debilidad socialista) para forzar que, en los próximos días, se abra un debate general sobre la Corona y también sobre el Estado y sus instituciones en varios parlamentos autonómicos (Andalucía, Extremadura, Asturias...) y ayuntamientos. Además, su grupo parlamentario, Izquierda Plural, ha logrado con la ayuda del grupo mixto forzar que la votación en el Congreso del próximo miércoles sobre la ley de abdicación conlleve voto nominal, de forma que la ciudadanía sepa qué ha votado cada cual. Se busca retratar al PSOE. Y convertir un pleno en el que sus señorías deben opinar en puridad si apoyan o no la decisión de Juan Carlos I de retirarse en una disyuntiva entre monarquía o república.
Es curioso. Hace años sucedió lo contrario. Había cierta serenidad para debatir sobre el modelo de Estado y se frenó el debate para no poner en un brete a la Casa del Rey. Fue en marzo del 2005 cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero reclamó al Consejo de Estado un informe sobre una posible reforma constitucional que constaba de cuatro puntos: igualdad entre hombres y mujeres en la sucesión a la Corona; mención a la Carta Magna europea; reforma del Senado e inclusión del listado de las 17 autonomías y ciudades autónomas. Los populares de Mariano Rajoy respondieron con una propuesta recentralizadora.
El Consejo terminó poniendo un documento sobre la mesa que iba bastante más allá de lo que había reclamado por el Gobierno. El resultado gustó más en la sede de la madrileña calle de Génova que en la Moncloa. El único punto en el que existía un consenso generalizado era en el que concernía a la Monarquía: había coincidencia en terminar con la prevalencia del varón en la sucesión.
En aquella ocasión, y pese al esfuerzo realizado, los dos partidos mayoritarios terminaron por aparcar sus planes al llegar a la conclusión de que el referendo popular que habría de ratificar una modificación constitucional podría entenderse como una consulta sobre el futuro de la Corona.
Ahora, la extensión del debate sobre el modelo de Estado por Cámaras y consistorios de todo el país es uno de los efectos colaterales del reciente adiós del Rey. Pero no el único. El golpe sufrido por el bipartidismo en las urnas el 25 de mayo complica el proceso sucesorio. Alfredo Pérez Rubalcaba está actualmente en situación de interinidad y haciendo esfuerzos titánicos para mantener, pese a las voces socialistas que demandan libertad de voto o una consulta sobre la Monarquía, el apoyo prometido a la Casa del Rey en pro de un relevo exprés en la Corona.
