José María Agullana, alcalde de Montanuy, se quedó ayer "triste" al enterarse de que la Justicia se ha pronunciado en contra del ambicioso proyecto para transformar un valle de economía forestal y pastoril en un nuevo centro pirenaico de los deportes de invierno. "Mi primera reacción ha sido de sorpresa, pero luego he sentido lástima por una zona que, en cuestión de 10 años, ha pasado de 360 a 250 habitantes", manifestó Agullana.
"Con 17 núcleos y 1.700 kilómetros cuadrados, salimos a poco más de un habitante por kilómetro cuadrado", añadió el primer edil, que explicó que el proyecto está pensado para que se beneficie "una buena parte de la Ribagorza".
"No me lo esperaba porque hemos hecho todo lo que han indicado tanto el Inaga como la Comisión Provincial de Urbanismo", indicó.
Además, el Ayuntamiento de Montanuy hizo pública una nota en la que valoraba la la interposición de recursos y manifestaba sentirse "profundamente decepcionado y ajeno a una controversia jurídica entre normas urbanísticas y medioambientales".
Por su parte, Manel Badía, de Naturaleza Rural, la asociación que impugnó el proyecto, considera que el movimiento contra la ampliación de Cerler ha conseguido "una victoria moral". "Es curioso que un defecto formal dé al traste con un proyecto basado en la filosofía del desarrollo a ultranza, sin respeto por el medio", subrayó.
El Gobierno de Aragón emitió un escueto comunicado en el que indicó que "los servicios jurídicos del Ejecutivo están analizando su contenido para determinar si se recurre ante el Tribunal Supremo", algo que también valora hacer Aramón. Además de recordar que este plan fue una acción del Gobierno anterior, indicó que la decisión que adopte "siempre tendrá como único objetivo la defensa de los intereses legítimos de todos los aragoneses". Y reiteró además su apuesta por seguir "trabajando por el desarrollo de un sector fundamental para la comunidad, como es la nieve".
